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La inclusión laboral crece en Tungurahua y Chimborazo

En su trabajo, José Calyachi se mueve con agilidad: maneja las máquinas, extiende las prendas y luego las dobla. Foto: Modesto Moreta / El Comercio

Carlos Sánchez despertó en la cama de un hospital tras permanecer tres días en coma. Recibió un fuerte golpe en la cabeza en un asalto y perdió el conocimiento. Logró recuperarse, pero le quedaron secuelas: está perdiendo la audición.

Sánchez es una de las 25 personas con discapacidad que labora en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Ambato. Él trabaja como asistente en la Dirección, desde 2018, cuando no sabía que su accidente lo iba a transformar en un empleado con una limitación física.

En el Ecuador se registraron 68 901 personas con discapacidad laboralmente activas, hasta septiembre de 2021, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y del IESS. De estas, 6 603 corresponden a sustitutos, es decir, gente que trabaja en lugar de la persona con discapacidad, ya que es menor de edad o no está habilitada para actividades profesionales.

Santiago Apunte, director administrativo de esa casa de salud, indica que están cumpliendo con la ley al contratar a personas que tienen discapacidad física, auditiva, psicosocial y visual. Se desempeñan en el área médica y administrativa.

En el país, los empleadores tienen la obligación de contratar un mínimo de 4% de su nómina a personas con discapacidad o sus sustitutos cuando tiene al menos 25 empleados.

Mishel Álvarez, responsable del eje de trabajo y empleo del Conadis, explica en 2019 había 11 775 empresas con más de 25 empleados. En 2020, la cifra bajó a 9 831 y en 2021 subió ligeramente a 9 873.

Según el Conadis, 5 992 personas con discapacidad y sustitutos han sido desvinculadas laboralmente de las empresas estatales y privadas como efecto de crisis económica, hasta diciembre de 2021. De estas, 1 562 presentaron su renuncia voluntaria, 855 terminaron sus contratos, 630 sufrieron de despido intempestivo, 604 hicieron una salida voluntaria, 537 recibieron su jubilación, 369 fallecieron. El resto, 1 395, se quedaron sin empleo tras acuerdos con empleadores, cierres de empresas, visto bueno, salidas del país, pasantías, etc.

En la casa de salud ambateña también labora José Cayachi, de 50 años, él está desde 2016 en el área de lavandería. Sufre de desviación de la columna y fractura del fémur.

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), en cambio, está Verónica Lozada. Es la trabajadora social del centro de estudios superiores. La joven se apoya en una muleta. Sufre una enfermedad catastrófica degenerativa que fue detectada hace dos años.

Ella asiste a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Comenta que al menos 70 laboran en la UTA como docentes, administrativos y personal de trabajo en distintas áreas.

La inserción laboral es clave

Vinicio Cacuango es presidente de la Compañía de Transporte en Taxis (Asolitaxi), que tiene 16 personas con discapacidad ofreciendo servicios en Chimborazo. Foto: EL COMERCIO
Vinicio Cacuango es presidente de la Compañía de Transporte en Taxis (Asolitaxi), que tiene 16 personas con discapacidad ofreciendo servicios en Chimborazo. Foto: EL COMERCIO

En Chimborazo, varias personas que no encontraron trabajo o sufrieron por discriminación crearon la Compañía de Transporte en Taxis (Asolitaxi). 16 de los 32 tienen discapacidad. Esta entidad funciona hace 12 años.

Su presidente, Vinicio Cacuango, dice que desempeñar un trabajo como taxista es complicado. Por eso sus compañeros han tenido que adaptar sus vehículos con pedales ortopédicos o con extensiones u otros cambios para laborar.

Hasta julio de 2021, en el Ecuador se registraron 18 117 personas con licencia de conducir tipo F. Esta permite que la gente con discapacidad pueda conducir vehí­cu­los livianos, incluidos taxis convencionales, si es que cumple con los requisitos.

En Tungurahua y Chimborazo funciona el Servicio de Inserción Laboral (SIL). Este organismo se encarga de gestionar en las empresas el ingreso de personas con discapacidad. Asimismo, apoya a las personas para emprender en proyectos productivos.

Mercedes Santana, promotora laboral del SIL en Tungurahua, explica que el proceso de inserción laboral es complicado. En lo que va de este año logró hacerlo con unas 20 personas.

Gabriel Recalde, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Política Laboral, explica que hace falta fortalecer la aplicación de políticas con el propósito de que se identifiquen las habilidades y potencialidades de los trabajadores en sus condiciones físicas, mentales o especiales antes de su contratación. Menciona que al menos 1,3 millones de personas sufren de discapacidad en el Ecuador y solo el 40% puede integrarse al mer­cado laboral.

Este Diario solicitó al Ministerio del Trabajo la situación laboral de las personas con discapacidad o sus sustitutos en la actualidad. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta al pedido.