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Habitantes de la parroquia Telimbela, en Bolívar, viven en zozobra

Telimbela está habitada por unas 3 200 personas, que se dedican en su mayoría a la agricultura, sobre todo de frutas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Ingresar a Telimbela, una parroquia de Chimbo, en Bolívar, no es fácil. Hay que pasar por dos puntos de control instalados por un grupo de comuneros.

Ellos registran los vehículos, preguntan la identidad de los pasajeros y no permiten el paso de personas vinculadas con el proyecto minero de la empresa Yankuang Donghua Construction, que explora la zona desde hace cuatro años.

En los carteles colocados en los puntos de control se leen leyendas sobre la defensa del agua y el ambiente. Los comuneros evitan dar declaraciones y tienen sus rostros cubiertos con pasamontañas.

Algunos de ellos son investigados por la Fiscalía de Bolívar, por los presuntos delitos de terrorismo, asociación ilícita y agresiones agravadas.

En las 35 comunidades y en la cabecera parroquial habitan unas 3 200 personas. La mayoría depende de la agricultura, siembran banano orito, cítricos y caña de azúcar.

En los pequeños poblados, situados en los cerros y junto al río, las familias viven en casas rústicas de madera y bloque.

Allí hay posturas divididas sobre la explotación minera. Mientras un grupo de personas respalda el Proyecto Minero Telimbela, otros habitantes creen que habrá contaminación y que se afectarán los más de 300 riachuelos que forman el río que lleva el mismo nombre de la parroquia.

Marcos Ávila, gerente de operaciones del proyecto, dice que los técnicos terminaron la exploración preliminar y encontraron indicios de la existencia de cobre y molibdeno. La empresa no ha podido iniciar la fase de exploración avanzada, que identificaría si existen yacimientos, qué tamaño tienen y si vale la pena explotarlos.

“El cerro está igual de verde que cuando lo encontramos. En la fase de exploración no hemos generado contaminación. Además, trabajamos con protocolos ambientales muy estrictos que nos exige la legislación”, dice Ávila.

Las operaciones mineras de la empresa ahora están paralizadas. Ávila comenta que mientras el Estado no garantice la seguridad de su personal y sus equipos, no pueden ingresar a la zona para continuar con la exploración.

La empresa generó 52 fuentes de empleos directos, que fueron cubiertos por habitantes de la zona. Los trabajadores denuncian amenazas e intimidación por parte de los grupos que se oponen al proyecto.

El domingo 13 de junio del 2021 marcharon por las calles adoquinadas de la parroquia. Un grupo de pobladores que se vistió de blanco y con pancartas, globos y altavoces pidió a las autoridades presencia policial y militar en el poblado, para erradicar los actos violentos.

“Vamos cerca de cuatro años sin poder caminar tranquilos por nuestra parroquia. Nos dijeron que por trabajar en la empresa nos van a quemar las casas”, cuenta Nelly Veloz, dirigente de Ashcoaca, una comunidad cercana a la zona de exploración minera.

Después de la marcha, en una concentración que se cumplió en la plaza central, varios trabajadores compartieron las experiencias de intimidación que han vivido.

Miguel Moya contó que sus dos hijas menores de edad no han podido superar el trauma que les causó un incidente con los encapuchados. Según Moya, las niñas de 11 y 13 años fueron amenazadas por unos 22 hombres que llevaban galones de gasolina y boyeros (látigos hechos con piel de res).

“Les dijeron que les iban a quemar y que a mí me iban a matar por trabajar con los mineros”, contó el hombre que se desempeña como asistente de minería desde hace tres años.

Él y su familia interpusieron una denuncia en la Fiscalía de la provincia. Las autoridades lograron identificar a dos personas que participaron en el hecho violento; sin embargo, el caso continúa en la etapa de investigación.

Esa misma entidad investiga otras agresiones a un funcionario del Gobierno Parroquial y la quema de un vehículo de la Policía y un tráiler.

La llegada de la minería a la parroquia

En febrero del 2017 la Empresa Nacional Minera otorgó a Yankuang Donghua Construction seis concesiones para la exploración minera en el sector norte de Telimbela, Chimbo.

En abril del 2017 la empresa china inició la exploración de la zona. La firma halló indicios de la presencia de cobre y molibdeno, un mineral esencial usado por la industria del acero.

En septiembre del 2019, dirigentes indígenas de Bolívar se declararon en alerta por el arribo de técnicos mineros asiáticos. Ellos dijeron que 1 600 hectáreas fueron concesionadas.

El 21 de septiembre del 2019 un vehículo de la Policía y una tractomula que trasladaba materiales de construcción fueron incendiados por comuneros en el ingreso a la parroquia.

En enero del 2021 la empresa volvió a ingresar a la parroquia. Trabaja en obras sociales, educación para niños y capacitación de los líderes, para acercarse a sus moradores.