El viernes y sábado pasados, el Presidente y su gabinete se instalaron en esa parroquia. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO.
La imagen de trabajo conjunto que el Gobierno y el Municipio de Quito proyectaron durante la emergencia por los sismos ya no existe. A tres días de que se cumpla un mes de ese episodio, las autoridades de ambos sectores volvieron a su habitual distanciamiento.
En el afán por atender a la población de Guayllabamba, la más afectada del Distrito, surgió una suerte de disputa entre el alcalde Mauricio Rodas y el presidente Rafael Correa. Ambos se comprometieron a paliar el aislamiento de esta parroquia rural, tras el cierre del tramo de 18 kilómetros de la Panamericana Norte, el 17 de agosto, con medidas para agilizar el tránsito alterno, reactivar el turismo y mejorar el servicio de transporte de la población.
Esas ideas surgieron por separado y en el caso del preacuerdo para manejar el tránsito en un tramo de la vía E35 (desde la Y de Pifo hasta la quebrada de Ascázubi), el Gobierno y el Municipio se enredaron en un cruce de comunicados.
El 29 de agosto, Rodas visitó Guayllabamba e informó de un preacuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que se transfieriera al Municipio el control de la vía. Pero esa tarde, en un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito negó la transferencia de competencias, pese a que se firmó un documento cuatro días antes. Miguel Arregui viceministro de del Ministerio del Transporte, argumento que el gobierno local no tenía la capacidad para manejar dicha competencia.
Si bien en los primeros días de la emergencia, el Gobierno central, como institución liderada por el vicepresidente Jorge Glas, decidió colaborar con Rodas, el comunicado de la ANT reveló que había existido un cambio de estrategia.
La decisión del Régimen, de cerrar la Pana Norte (20 de agosto), generó desazón en Guayllabamba, ante lo cual Correa tomó mayor protagonismo para enfrentar la crisis. Fue él quien ratificó que la carretera no se cerrará por completo seis meses, como se dijo al inicio, sino que luego de dos meses, se habilitará un carril.
Víctor Granda, exdiputado de Pichincha, explica que tal cierre, más que un alcance local, es nacional por su impacto en las provincias del norte.
Además, el 30% de la población de Guayllabamba vive del comercio y del turismo y sin visitantes no hay trabajo.
El viernes 29 de agosto y el sábado 30, el Alcalde visitó Guayllabamba. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.
Ante la angustia de los pobladores, el presidente Correa visitó la zona en dos ocasiones: el lunes 1 de septiembre, cuando recorrió los trabajos en la Pana Norte y el viernes 5, cuando realizó el Gabinete itinerante, que inicialmente estaba previsto realizarse en Pangua (Cotopaxi). Pasó allí la noche del viernes y armó su sabatina. Las visitas de la ministra Paola Carvajal fueron más numerosas: ha estado cinco días en Guayllabamba.
Durante la sabatina, el Mandatario envío un mensaje de solidaridad a los pobladores, también aprovechó para confrontar con los municipios, entre ellos el de Quito, en un tema sensible como el alza de las tarifas de los pasajes urbanos, cuya competencia -señaló- ya no es del Gobierno.
A decir de Francisco Rocha, analista político, en esa “confrontación” tanto Rodas como Correa quieren demostrar quién es el que mejor responde a la necesidad de una medida urgente. Bajo esa lectura, la disputa se da más en un contexto de propaganda permanente.
El desastre de una comunidad se volvió un tema político y una forma de aparecer en público con propuestas cuyo cumplimiento debe ser evaluado. Así es como Luis Guaintarilla, presidente de la Junta Parroquial define la situación.
Desde el cierre de la vía, el alcalde Rodas también visitó el poblado en dos ocasiones. El viernes 29 de agosto, día del frustrado acuerdo sobre la E35, lanzó el plan de ayuda al Zoológico, repotenciar la Ruta del Locro y crear el bus exprés para que los alumnos de la zona se movilicen a Quito. Cada mañana salen dos unidades, con unos 17 alumnos.
El sábado 30, Rodas volvió con varios funcionarios y recorrió el poblado. Una semana después, Correa hizo lo propio con su gabinete itinerante.
El Gobierno también se ofreció a ayudar a los alumnos con un plan de contingencia para que no paguen pasaje hasta el 31 de octubre. El acuerdo es con las unidades de Transotavalo, San José de Minas y Malchinguí Transpormal. Pero esos buses no entran al poblado.