El femicidio de María Belén Bernal obligó al Gobierno a reaccionar. Después de un año y cuatro meses se anunciaron acciones en contra de la violencia de género. La Secretaría de Derechos Humanos está a la cabeza.
Aunque en la campaña Guillermo Lasso se acercó a organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual, su Gobierno ha tardado en poner énfasis en la equidad de género y la lucha en contra de la violencia hacia la mujer.
Pero hay un antes y un después. El femicidio de María Belén al interior de la Escuela de Policía volvió a convocar a las mujeres para reclamar por lo que consideran una inacción del Ejecutivo.
La Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios en el Ecuador presentó su último reporte de casos el 16 de septiembre pasado. Sin que el año termine, el 2022 ya se convirtió en el más violento para las mujeres. Se registraron 206 femicidios desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre.
En el 2021, la Secretaría de Derechos Humanos atendió 68 350 casos de violencia de género. Entre las principales causas están femicidios, trata y tráfico de personas; además de violencia económica, física psicológica y simbólica en contra de las mujeres.
En lo que va del 2022, la cifra de atenciones ya es de 42 407 casos. Se mantienen las mismas causas por las que las mujeres acuden en busca de atención a esa dependencia del Ejecutivo. Sin embargo, una cifra alarmante es que, entre el 2014 y el 3 de septiembre del 2022, en el Ecuador se han registrado 1 247 femicidios.
¿Viraje o reacción?
El 23 de septiembre pasado, dos días después de confirmarse la muerte de María Belén, el Presidente cesó al ahora exministro del Interior, Patricio Carrillo. Otra medida anunciada fue el fortalecer la lucha en contra de la violencia de género.
Entonces ofreció que, desde la Secretaría de Derechos Humanos, se destinarán todos los recursos para el cumplimiento de la Ley y el Plan para la erradicación de la violencia de género sean efectivos.
Esa Cartera de Estado instaló una mesa para abordar las estrategias con ese fin. La semana pasada, tras una reunión con 15 representantes de organizaciones de mujeres, la secretaria Paola Flores anunció las primeras seis medidas.
Entre ellas está que el Registro Único de Violencia estará a cargo de su secretaría. También se definió un incremento del presupuesto para las casas de acogida y fortalecer el Sistema de Información sobre víctima de femicidios.
¿Por qué tomar ahora esta decisión? La Secretaría responde que el diálogo siempre ha estado abierto. Pero ahora quieren institucionalizarlo en todo el país y que se convierta en una prioridad.
Para la politóloga Carolina Andrade, el Gobierno ha tenido una aproximación equivocada tanto en la forma como en el fondo para abordar la violencia de género.
Cree que el Ejecutivo tiene que dar muestras reales. Esto significa, por ejemplo, asignar el presupuesto de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia y que eso se traduzca en prioridad presupuestaria con un plan claro.
La mesa
Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, ve a esto como una oportunidad que ha abierto el Gobierno. Dice que es algo que se pidió, incluso desde la campaña. Añade que no se trata solo de fortalecer la institucionalidad para erradicar la violencia de género, sino también el asignar recursos.
Uno de los problemas que han identificado es que existen herramientas que están formuladas como parte de del Plan de Erradicación de la Violencia, pero que no han sido implementadas. Para eso es necesario una actuación interinstitucional que funcione de manera coordinada.
Quienes participan actualmente de la mesa han planteado que se convoque a más organizaciones. Un elemento importante de esta iniciativa será el tener voces diversas, señala Rosero.
Presupuesto
Según la Secretaría de Derechos Humanos, existe el proyecto de Prevención de las Violencias contra las Mujeres y Grupos en situación de vulnerabilidad hasta el 2025. Este tiene una asignación de USD 12 millones.
Se destinará a tres acciones. La primera es generar capacidades técnicas, administrativas y de modelo de negocio que incluya el beneficio del incentivo para mujeres y población Lgbtiq+.
La segunda es planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población Lgbitq+ y niños, niñas y adolescentes.
La tercera es la Identificación de las condiciones de vida de la población Lgbtiq+ en el país. Los beneficiarios del proyecto hasta el momento son 146 413, personas distribuidas en: 20 000 mujeres, y población Lgbtiq+ y 126 413 niños, niñas y adolescentes la situación.
De acuerdo con los datos de estudios nacionales y de organizaciones sociales, en el Ecuador cada 28 horas una mujer es asesinada, por lo que urgen acciones en este campo.
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