Tres ministros de Estado dieron ayer una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. Allí se informó que 12 fiscales procesan la información recogida durante el desalojo en la zona minera de Conguime, en Zamora Chinchipe, el miércoles pasado, para iniciar procesos por delitos ambientales.
Según Wilson Pastor, ministro de Recursos no Renovables, la actividad minera en el sector se realiza desde hace dos años, sin ninguna concesión minera. “Se incumplían parámetros técnicos, ambientales y de seguridad. Sin pago de impuestos”. Agregó que allí había más de 60 retroexcavadoras trabajando, con un costo de USD 250 000 cada una. “Alrededor de USD 20 millones solo en maquinaria”. Sostuvo que esta actividad en Conguime la realizaban unos 17 empresarios, “no artesanos”.
Gabriel Sucangá, minero de Conguime, respondió que en la zona no había más de 60 máquinas. La mayor parte de dueños son de Zamora, Yantzaza y Loja. “Con ellos trabajábamos al porcentaje”, afirmó.
Los colonos, como dueños ponían la tierra y otros materiales, como mangueras. Por ello ganaban el 20% de la producción. En el caso de Sucangá eran cinco socios y con el uso de cuatro máquinas producían hasta 400 gramos de oro por semana.
Marcela Aguiñaga, ministra de Ambiente, ratificó que en el sector no existía minería artesanal, sino a mediana y gran escala. Se han detectado otras zonas de minería ilegal en Esmeraldas, Napo, Zamora, Azuay, El Oro, indicó. José Serrano, ministro de Justicia, indicó que se han retenido 12 retroexcavadoras y que 16 más están en esa zona.
En el operativo participaron 1 200 policías y 400 militares.