En una cancha de ecuavóley, en González Suárez, cantón Otavalo, había 300 personas, pese a las prohibiciones. Cortesía: Gobernación de Imbabura
Las convocatorias para la fiesta del Inty Raymi, que ya circulan por las redes sociales, tienen preocupadas a las autoridades de Imbabura.
Hay mensajes que anuncian que, con o sin permiso, este año los habitantes de las comunidades de Cotacachi saldrán a la ciudad. Dicen que “zapatearán” por las calles y se tomarán el Parque Matriz. La Gobernación y Policía realizan un seguimiento.
Entre mayo y junio del año anterior, esta celebración tradicional del pueblo Kichwa se realizó solo al interior de los territorios indígenas de la provincia. Había temor por el recién llegado virus del covid-19.
Incluso, varias comunas cerraron las vías hacia sus poblados, para evitar el ingreso de extraños. Pero ahora la gente parece que perdió el miedo al virus y a enfermarse. En Imbabura, el coronavirus contagió hasta ayer a 11 327 personas y les ha quitado la vida a 327.
Los actos masivos y fiestas en la zona rural son uno de los inconvenientes que afrontan las entidades de control.
Según Mauricio Andrade, intendente de Policía de Imbabura, cada fin de semana se reportan fiestas clandestinas y torneos deportivos, principalmente en Otavalo y Cotacachi.
Ni siquiera el último toque de queda focalizado, que se aplicó desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 05:00 de este lunes 26 de abril, evitó la realización de esas actividades. Imbabura es una de las 16 provincias en donde rige el estado de excepción focalizado.
El último fin de semana hubo 36 operativos en la provincia. Según la Policía, en Otavalo hubo celebraciones, encuentros deportivos y reunión de Cabildos de dos comunidades.Fueron suspendido por infringir el estado de excepción, que se aplica desde el 23 de abril.
Uno de los actos de indisciplina se realizó en la comunidad de Carabuela. Era una fiesta por un matrimonio, al que asistieron más de 100 personas, el sábado último.
Ese día, unos 50 ciudadanos también observaban un partido de ecuavóley en San Juan de Agualongo. Los policías, acompañados del Comisario Nacional de Otavalo, desalojaron el escenario deportivo y confiscaron la red.
Pero, ¿por qué las autoridades de las comunidades no actúan en estos casos? Según Sofía Fuentes, abogada experta en temas de la justicia indígena, los presidentes de los pueblos y cabildos kichwas no participan porque no se les ha pedido apoyo en esta crisis.
Considera que una de las debilidades de Imbabura, una jurisdicción intercultural, es no haber incluido a las autoridades kichwas en los COE provincial y cantonales.
“Caso contrario los líderes indígenas se hubiesen convertido en aliados estratégicos, porque son respetados en sus comunidades. Incluso, están autorizados por la Constitución para impartir justicia, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones”, explica.
Pero, como el resto de la sociedad civil, los dirigentes se enteran de las resoluciones de los COE a través de la prensa, por lo que no pueden actuar.
Según Rocío Cachimuel, expresidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, que aglutina a 180 comunidades, en la zona rural inicialmente se sintió un abandono estatal. Hoy se vive una aparente normalidad. Se celebran fiestas, como matrimonios y bautizos. Los comuneros usan la mascarilla solamente para salir a la ciudad.
Incluso, cuando presentan síntomas de problemas respiratorios prefieren tratarse con la medicina tradicional, que utiliza plantas curativas.
Andrade lamenta el poco apoyo ciudadano. Explica que el problema no es de ahora. Recuerda que el pasado 17 de abril, durante un operativo de control, se encontró a 300 personas en una cancha cerrada de ecuavóley, en la parroquia González Suárez, perteneciente al cantón Otavalo.
El sitio fue clausurado, por segunda vez. Los espectadores tuvieron que abandonar el lugar. El propietario del predio no podrá abrir las puertas de la cancha por 60 días. Si no respeta la sanción, la clausura será permanente.
Para ingresar al escenario los aficionados debían pagar USD 1. Es decir, era un negocio, al igual que el Killary Fest 2021, que se realizó en la comunidad de Turuku, en Cotacachi, a inicios de este mes. También el concierto de Peguche, en febrero pasado. Ahí hubo una asistencia de 3 000 personas.
Rumiñahui Jimbo, presidente del Cabildo Kichwa de Otavalo, reconoce que durante esta pandemia se han presentado problemas en la zona rural. Pero, aclara que se trata de negocios de personas particulares y no de festividades tradicionales organizadas por las comunidades indígenas.
Ahora la Gobernación realiza un acercamiento con la Unión de Organizaciones Indígenas de Otavalo. El pedido es que colabore con mensajes de concienciación, en kichwa, que se difundirán en las 86 comunidades en las que la organización tiene injerencia.
Para evitar el contagio, la celebración de matrimonios civiles y eclesiásticos quedó prohibida hasta el 20 de mayo, por el estado de excepción. El anuncio fue hecho ayer por la Coordinación de la Zona 1 de la Dirección General de Registro Civil.