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642 familias fueron reubicadas en 10 años

A orillas del río Monjas, en la zona de El Condado, existe un sitio de riesgo con casas y que deben ser reubicadas. Fotos: Patricio Terán / El Comercio

Sabe que su casa corre riesgo, que el patio trasero está casi en el aire y que las paredes de la cocina se están empezando a cuartear, pero no puede abandonar su hogar. No tiene a dónde ir.

María Cajas, de 30 años, vive con su esposo y sus suegros en La Esperanza, norte de Quito, en una de las viviendas en riesgo junto a la quebrada El Colegio, por donde pasa el río Monjas.

Cuando sus suegros compraron el lote -cuenta- tenían en la parte de atrás cerca de 20 metros hasta el barranco por donde pasaba un riachuelo de aguas cristalinas.

Ahora es un cañón por el que se abre paso un gran afluente que, cuando llueve, multiplica su tamaño hasta por 10 y pasa rugiendo.

Técnicos del Municipio la han visitado en varias ocasiones desde hace más de 17 años, cuando la primera casa, la de un vecino, se vino abajo. Le han explicado que debe abandonar la vivienda y que una opción es ir a uno de los proyectos de reubicación del Cabildo.

No ha podido acceder por una simple razón: no tiene dinero. “Ni un centavo”, cuenta. Y aunque poco, debe pagar para acceder al proyecto de vivienda municipal.

Las opciones

El Municipio cuenta con cinco planes habitacionales construidos para dar acogida a las familias que viven en zona de riesgo no mitigable.

Jaime Pérez, gerente de la Empresa de Hábitat y Vivienda, explica que desde el 2012 se ha logrado reubicar a cerca 642 familias y que esperan desde octubre entregar casas a unas 170 más.

En lo que va del año, explica Pérez, no se ha podido hacer la entrega de ninguna vivienda por un problema que hubo en el costo de las casas. El valor calculado era demasiado alto, inalcanzable para familias de escasos recursos.
En promedio bordeaban los USD 35 000. El valor se ajustó y se logró bajar dependiendo del tamaño, a una media de USD 25 000.

A pesar de ser de viviendas de interés social, los beneficiarios deben cumplir varios requisitos, por ejemplo, que la familia sea dueña de la vivienda y no tener otra propiedad a escala nacional.

Marlene Maldonado es una de las beneficiarias y vive en Ciudad Bicentenario. Durante 15 años vivió en el Comité del Pueblo, junto a una pendiente que cada invierno se desmoronaba sobre su mediagua. Para poder acceder, su hijo, quien trabaja como guardia de seguridad, hizo un préstamo de USD 9 000. El resto lo reunió pidiendo prestado a sus familiares.

Todavía no acaba de pagar la deuda, pero está feliz de vivir sin miedo. Aunque admite que su casa es demasiado pequeña.

El beneficiario no debe cancelar la totalidad del costo de la vivienda ya que cuenta con dos tipos de subsidio. El Miduvi aporta con cerca de USD 12 500 y el Municipio con aproximadamente USD 2 500.

Es decir, cada familia debería cancelar unos USD 10 000. Sin embargo, al ser los beneficiarios de extrema pobreza (que recibe ingresos menores a USD 47,74 al mes) se les dificulta reunir ese dinero, lo que ha generado un cuello de botella en las entregas.

En el proyecto Victoria del Sur, que cuenta con seis manzanas, hay 384 unidades habitacionales, y una lista de 175 personas que recibirán su casa el último trimestre de este año. Hay familias que han esperado por más de ocho años y se respetará el precio acordado en la promesa de compra-venta que se firmó a partir del 2014 y que es menor al precio actual. En este proyecto el Municipio capitalino invirtió USD 11,7 millones.

¿Y las familias que no pueden pagar esos valores?

El Municipio, al trabajar con fondos públicos, no puede obsequiar las casas, explica Pérez. Una opción -dice- es buscar algún organismo internacional que subvencione las viviendas. El urbanista Hugo Cisneros calcula que unas 500 000 personas viven en zonas vulnerables en la capital.

Freddy Nieto, director Metropolitano de Gestión de Riesgos, explica que al momento hay tres declaratorias de emergencia activas en Quito: en el Monjas, Machángara y en La Gasca, lo que no significa que no existan otras zonas críticas.

Añade otros requisitos para acceder a los procesos de relocalización: la familia debe tener más de cuatro años en la vivienda, contar con todos permisos y que el salario no sobrepase la canasta básica.


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