Cinco hermanos aguardaban de pie en las afueras de la sala de audiencias del Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia de la provincia Esmeraldas. Detrás del espejo observaban el desarrollo de una audiencia en donde debía fijarse el monto por concepto de alimentos.
La madre de los hermanos Colobón y Bélgica, junto con su abogado, exponía las razones de la demanda. “Mi papá no nos da nada desde hace 11 años que se fue de la casa”, comentó Germania, de 21 años. Ella es la mayor de los cinco hermanos.
Las demandas de alimentos ocupan el primer lugar entre los procesos que se tramitan en los tres juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Le siguen el derecho de visitas, tenencias de niños, adolescentes infractores y autorización de salida del país.
Alrededor de 160 denuncias se receptan al mes en el Juzgado Primero Adjunto de la Niñez y la Adolescencia. En lo que va del año ya suman unas 637.
En el Juzgado Primero van 620 nuevas causas y en el Segundo, 600 hasta abril de este año. Sumadas a las Quinindé pasan los 2 000 procesos en los primeros cuatro meses del 2012.
El promedio de causas diarias es de 15; de ellas 10 son por alimentos. El espacio en el que funcionan los juzgados es estrecho y los usuarios no tienen ni sillas para descansar mientras esperan.
Se calcula que trimestralmente se despachan entre 100 y 150 casos, según César Hernández, juez primero adjunto de la Niñez y la Adolescencia.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Juana Rodríguez, aseguró que con el propósito de mejorar la atención a los usuarios se crearon cinco nuevos juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que empezarán a funcionar en 15 días.
Están ubicados en las calles José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, en el centro de la ciudad. En el edificio de tres plantas, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT) termina de instalar el sistema de Internet que se utilizará. La finalidad es disminuir el uso del papel.
En los juzgados operarán 38 personas de acuerdo con el nuevo modelo de gestión del Consejo Nacional de la Judicatura. “Ya no queremos que haya dilatación de tiempo y meses para que haya una sentencia favorable para las madres”. Bélgica tuvo que esperar tres meses.
Solo en el Juzgado Primero adjunto hay unas 1 500 causas que deben ser despachadas, según la secretaria Priscila Mendoza.
El despacho de un proceso demora hasta tres meses. Ese fue el caso de Cecilia Mancilla, que demandó a su ex conviviente por la manutención de sus hijos.
La representante de la Judicatura explica que los antiguos juzgados solo despacharán procesos represados, una vez que entren a funcionar los cinco nuevos.
Ese proceso podría demorar hasta ocho meses. Luego se sumarán al nuevo modelo de gestión.
Por eso Luis Sánchez, secretario del Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia, afirmó que se preparan para ello. “Buscamos hacer que el proceso sea ágil, pero hace falta personal y espacio para las audiencias”, señala.
El Consejo Nacional de la Judicatura invierte en Esmeraldas USD 30 millones en infraestructura civil con la construcción de un moderno edificio de cinco pisos. Con los rubros de tecnológica y 333 nuevos funcionarios para nueve unidades judiciales llegan a los USD 40 millones, según Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura.
Arias, en una visita a Esmeraldas, señaló que “en seis meses de reestructuración de la justicia se ha avanzado mucho”. Según la funcionarias, se contará con los nuevos procedimientos para hacer eficaz la atención en las unidades judiciales, entre ellas, los nuevos juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y también de Contravenciones.
Los derechos que tienen las madres
La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para su manutención.
También se debe cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda y para la atención del parto…
Si la criatura muere en el vientre o luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por 12 meses, desde el deceso.
Si el demandado se niega a cancelar los valores por alimentos se puede solicitar su detención hasta que pague.
Si aún estando preso el padre no efectúa el pago, los padres del demandado deben responder ante la Ley por los nietos.
En el caso de que la madre sea menor de edad, son los representantes legales (padres) los que deben demandar.