José Carrizales (izquierda) y su hijo descansan bajo una carpa de plástico montada en el parterre de Carcelén, en Quito. En el sitio existen 60 personas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
La declaratoria de emergencia para atender a los migrantes venezolanos que llegan al Ecuador se extenderá por un mes más. Lo dijo ayer el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez.
La medida decretada el 9 de agosto para Carchi, Pichincha y El Oro ya se había ampliado una vez, y debía concluir mañana. Chávez manifestó que en la mesa interinstitucional se concluyó que “es necesario” extender la emergencia por otro mes para continuar brindando asistencia social.
El funcionario hizo este anuncio durante la III Mesa de Movilidad Humana que se desarrolló ayer en la sede la Cancillería, en Quito, con la participación de organismos internacionales, gobiernos locales y actores de la sociedad civil.
Durante el foro, además, se discutió la posibilidad de ampliar por 45 días la autorización para la entrada de venezolanos sin pasaporte, pues las medidas cautelares que interpuso la Defensoría del Pueblo para que se suspenda la exigencia de ese requisito vencerán a mediados de octubre.
Según el subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, Alexis Eskandani, en estos días entran al Ecuador 2 000 venezolanos, en promedio, y salen cerca de 2 300.
Explicó que se tramitan entre 4 000 y 4 500 movimientos migratorios. Hay grupos que entran y se toman un tiempo dentro del país antes de seguir su viaje. Otros se quedan aquí.
En los últimos tres años ha ingresado un poco más de un millón de venezolanos al Ecuador, de los cuales 212 000 siguen en el país. A inicios de agosto, cuando se declaró la emergencia, se registraron hasta 8 000 ingresos al día.
La Cancillería emprenderá a partir del 1 de octubre una “minga migratoria” para regularizar la situación de los venezolanos. Entre otras medidas, se incluye la implementación de una visa electrónica de todos los tipos.
Para los próximos días, además, se prevé la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a Ecuador. Además, para noviembre el país organizará una nueva cita regional sobre flujos migratorios inusuales.
Esta semana se realizó en Sao Paulo, Brasil, la Reunión de Consulta con Ciudades y Redes en el Marco de la Certificación de Ciudades Solidarias. César Mantilla, secretario de Inclusión del Municipio, representó a Quito en esa cita.
Relató que el tema central del debate fue la migración venezolana, puesto que esta se extiende incluso a ciudades más alejadas como Santiago, Buenos Aires o la misma Sao Paulo. Una de las conclusiones fue que los estados de la región que están acostumbrados a ser “expulsores de migración y no receptores” deben tomar medidas a largo plazo, pues la problemática no puede quedar resuelta en una declaratoria de emergencia de un mes.
De momento, la extensión del estado de emergencia permitirá que los centros temporales de tránsito (CTT) de Quito continúen alojando a venezolanos. Sin embargo, la idea es que de aquí en adelante se cumpla con la regla de que las personas solo puedan estar en los CTT hasta cinco días.
Juan Zapata, secretario de Seguridad, afirma que el Cabildo ha sido flexible con esta norma y hay familias que se han quedado hasta 40 días, considerando su situación de vulnerabilidad. Pero su estancia no puede alargarse mucho más, puesto que los centros que tiene el Municipio deben estar listos para recibir, por ejemplo, a posibles damnificados por la temporada invernal que se avecina.
El primer aguacero y granizada fuerte de este mes ya causó daños en el precario campamento que un grupo de venezolanos mantiene en el parterre de la av. Eloy Alfaro, diagonal a la Terminal de Carcelén.
José Carrizales lleva más de dos meses viviendo ahí; de hecho es uno de los fundadores del refugio. Tiene 60 años y ahí también están tres de sus hijos, sus dos nueras y tres nietos. Cuenta que ese “palo de agua” les inundó todo. Le sorprendió el tamaño de los granizos y le asusta “los tiempos peligrosos” que se vienen, porque le han contado lo fuerte de la época lluviosa en la ciudad.
En Venezuela quedaron su esposa y su hija. Cuando logra reunir algo de dinero les envía a través de una agencia en el Comité del Pueblo. Su sueño era conseguir un trabajo estable en Ecuador, para traerlas con ellos. Es la primera vez que se separa de su esposa, luego de más de 40 años de matrimonio. “Cuando como o bebo algo aquí pienso en cómo la estarán pasando ellas. Lo que queremos es que nos abran una fuente de trabajo, pero las puertas se nos cierran”, dice.
Actualmente, en ese campamento hay unas 60 personas. Pero en los días más críticos hubo hasta 200. Muchos fueron a los centros municipales, en donde actualmente hay 85 huéspedes. Otros están en La Gran Sabana, en la zona industrial, donde se activó un refugio privado hace dos meses.
Según Omar Acosta, su administrador, siempre hay unas 150 personas, pero es población flotante. El jueves, por ejemplo, salieron 30 rumbo a Perú, pero llegaron otros 47. Acosta lleva un registro y asegura que por ese lugar han pasado 3 020 personas.
En el albergue San Juan de Dios también hay huéspedes venezolanos. Unos 50 almorzaban ahí el jueves. Ese lugar tiene capacidad para unas 100 personas más, dice Diana Tupiza, la administradora. Ella sabe que de terminarse la emergencia, los migrantes que salgan de los centros municipales podrían acudir a este albergue.