El 14 de abril del 2024 terminará el contrato de concesión de los ocho fotoradares instalados para sancionar a los conductores que rebasen los 50 kilómetros por hora, en Ambato. El manejo está en manos de la Empresa Safety.
La alcaldesa Diana Caiza aseguró que no renovará el contrato por el daño que han causado estos dispositivos en los ingresos y salidas de la ciudad. Hay inconvenientes para el comercio, la industria y el turismo de esta localidad del Tungurahua.
USD 68 millones por multas
Un informe del exconcejal de Ambato, Robinson Loaiza, detalló que en nueve años de funcionamiento de los radares ingresó por multas USD 68 millones.
El documento informa que el Municipio de Ambato recibió USD 33 millones, mientras que la concesionaria USD 35 millones.
Los sensores están ubicados en las avenidas Indoamérica, sentido Izamba centro de Ambato; los Guaytambos, sector Quinta de Montalvo; Rodrigo Pachano, sector parque El Sueño en doble sentido; Rodrigo Pachano, sector La Liria- Atocha.
También en las avenidas Manuela Sáenz y Víctor Hugo; Bolivariana, sector pista atlética; Atahualpa y Carlos Contreras, sentido Huachi Chico centro de Ambato y Avenida Bolivariana, sector mercado Mayorista.
Una historia desagradable para Ambato
La suspensión del contrato antes de finalizar los 10 años de concesión molestó a Diana Caiza, alcaldesa de Ambato. Contó que el tema de los sensores se convirtió en una historia desagradable para Ambato.
Dijo que la urbe afrontó un perjuicio grande porque la gente de otras ciudades dejó de visitar Ambato. Se generaban notificaciones y altos rubros por multas.
Eso también perjudicó al comercio porque la gente dejó de venir a comprar y a recorrer los sitios turísticos de la urbe. “La gente ya no venía en gran número a Ambato, solo pasaba para otras ciudades”.
Dijo que en su campaña para llegar a la alcaldía, una de sus propuestas fue no renovar el contrato con la empresa de la concesión y se cumplirá.
Juristas analizarán la terminación del contrato
Caiza dispuso a la Dirección de la Procuraduría Síndica Municipal desarrollar una mesa ampliada de trabajo con los mejores juristas del cantón para hablar sobre el tema.
La burgomaestre recalcó que analizarán si es viable dar por terminado en forma anticipada el contrato, caso contrario se notificará con seis meses de anticipación la predisposición del Municipio de dar por terminado el contrato que termina en abril 2024.
Respecto al noveno fotoradar, que fue ubicado en una vía estatal sin autorización del Ministerio de Transporte de Obras Públicas (MTOP), está pendiente la devolución de dineros que se cobraron de forma arbitraria. “Vamos a evaluar todos estos temas y si hay que hacer la devolución de los dineros que se cancelaron por concepto de multas se lo hará previo un análisis”.
Afirmó que al no darse el proceso de transición con la exadministración están en una etapa de revisión y de la toma de información necesaria para que la gente conozca lo que realmente sucedió.
No hay un cambio de conducta
El ex concejal de Ambato, Robinson Loaiza, contó que se debe hacer una valoración clara y precisa sobre el caso. Para él, la instalación de los fotoradares en Ambato no ha generado un cambio en la conducta de la gente.
Acotó que no se cumplió el objetivo que las autoridades buscaban con el contrato. Es decir, de bajar los índices de siniestros automovilísticos debido a que no están en los sitios considerados como puntos rojos. “No ha existido una política de educación vial, lo que demuestra claramente que fue un contrato firmado solo para recaudar dinero”.
En el contrato firmado se planteó que en los 10 años se recaudaría USD 24 millones, sin embargo, casi se recaudó el triple de lo que se tenía previsto. Lamentó que los fondos que se recaudaron ilegalmente por el noveno fotoradar; que fue ubicada en las avenidas Bolivariana y Aníbal Granja, que es una vía nacional, no son devueltos hasta el momento.
Pese a que las audiencias judiciales fueron a favor de que estos rubros sean devueltos pero no se cumplió por la ineficiencia de la exadministración municipal. “Es preocupante que la empresa concesionada pueda demandar al Municipio por varios incumplimientos en su contra”.
Mencionó que el funcionamiento de los fotorradares si afectó en gran forma al turismo y al comercio. Dijo que recibió un sinnúmero de quejas y denuncias de gente que fue sancionada por los sensores y que dejaron de venir a la ciudad.
Las cámaras, sectores productivos y turísticos deben hacer un análisis sobre el grado de afectación, es evidente, solo mirando los ingresos económicos generados es una muestra. “Ahí se puede mirar que decenas de personas de todo el país fueron sancionadas con multas”.
Sobre el tema María José López, edil de Ambato, contó que el ex alcalde Javier Altamirano no pasó del anuncio sobre la devolución de valores por concepto del noveno fotosensor, puesto que nunca se hizo el reembolso.
Manifestó que solicitará a la nueva administración que se entregue toda la información para conocer el estado en que se encuentran estos procesos. “Sabemos que iniciaron una acción de autotutela donde el Municipio iba a devolver sin la necesidad de los requerimientos ciudadanos, pero esto no se ejecutó”.
Acotó que espera que la alcaldesa cumpla, no la palabra del anterior burgomaestre, si las necesidades de la población y contribuyendo a que exista paz y la justicia a las personas que fueron sancionados por el noveno fotorradas que fue ilegal.
Dijo que aún desconoce los montos que deben ser devueltos, pero lo importante en que en abril del 2024 finaliza la concesión con la empresa, pero se deberá notificar en forma oportuna para que no haya inconvenientes.
Solo así los ambateños y ecuatorianos podrán respirar en paz. “Hay que establecer una nueva forma de control de velocidad se lo haga en forma directa desde la municipalidad y no una empresa privada. No vemos que se debe adelantar la terminación del contrato, mejor hay que esperar a que finalice”.
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