Las demoras ahondan el dolor de víctimas
Un grupo de padres asistió ayer a la quinta convocatoria en un juicio por violación. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
Por novena ocasión entraron ayer a una sala de audiencias. Desde julio, cuatro padres reviven frente a un tribunal el dolor de sus hijos, en un juicio por violación y otro por tortura.
“No los reconocían por nombres, pero en su inocencia decían que el gringo -el maestro de inglés- y el que enseñaba a jugar pelota -de educación física- los metían al baño”, relata Amanda (nombre protegido).
Ella descubrió los abusos cuando su hijo, que tenía 7 años, lo confesó. A 10 días de que se cumpla un año de la denuncia en una escuela pública de Guayaquil, los padres de los escolares cuentan angustiados que deben llevar la carga de las audiencias fallidas y de la recuperación psicológica.
Demoras en procesos, casos congelados e incluso archivados son obstáculos que la Comisión Especializada Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional ha detectado en 70 historias sobre delitos sexuales contra niños y adolescentes, que analiza desde su conformación en octubre de 2017.
El artículo 35 de la Constitución establece que, al ser niños víctimas de violencia, tienen doble vulnerabilidad. Por eso las instituciones estatales debieran tratar sus casos con prioridad. “Y no se ha dado ni en el ámbito administrativo, judicial ni en la protección de derechos”, dice Eduardo Taipe, secretario de la comisión.
De los 70 casos, 16 son por violación, 42 por abuso sexual y ocho por acoso. La mayoría se había estancado en investigaciones previas y ahora 13 tienen sentencias condenatorias y 12 pasaron a etapa de juicio.
Pero las cifras globales que maneja la Asamblea son más impactantes: entre 2015 y abril de 2018 se han registrado 7 531 denuncias por delitos sexuales contra menores en el país.
“Y de ese total, 3 104 fueron judicializadas; es decir, un 59% se quedó en denuncia. Es preocupante”, subraya Taipe, quien agrega que 1 531 llegaron a sentencias (22% absolutorias y 78% condenatorias). Ese balance es parte de un informe final que la Comisión Aampetra presentará el 11 de octubre.
María Fernanda Reyes representa a los padres de 10 de los 16 niños que revelaron las agresiones de un profesor de música, en un plantel privado de Guayaquil. En el caso se indagan violación, abuso sexual y pornografía contra niños de entre 3 y 4 años, quienes están identificando a más agresores.
Las investigaciones avanzan aunque sí han existido retrasos. En un caso, “el agente investigador se tardó cuatro meses en dar su informe. Las valoraciones psicológicas también demoran por el déficit de psicólogos”, comenta Reyes.
La falta de articulación entre organismos es otra de las trabas que diagnostica Aampetra, al igual que la falta de una norma que establezca el testimonio anticipado para los menores, que evite la revictimización. “La víctima debe repetir los hechos ante ocho instancias diferentes”, asegura Taipe.
El nieto de Washington (nombre protegido) ya no está en el país. Su madre decidió llevárselo cuando supo el trauma que vivió en el baño de su escuela y para frenar las reiterativas entrevistas ante la Fiscalía y otras instancias.
“Estamos cansados porque se ha alargado tanto. Sentir esas miradas de odio de los profesores en el juicio y aguantar las ofensas de sus familiares nos afecta”, dice el abuelo.
La audiencia a la que acudió ayer no será la última. A más de la cantidad de pruebas y testigos, el juicio ha tenido que superar las excusas presentadas por los abogados de los maestros, incluso empezar de cero por la jubilación de un juez.
El Secretario de la Comisión Aampetra explica que ante las trabas detectadas se han iniciado 76 procesos disciplinarios contra servidores judiciales. Y agrega que las demoras en la gestión han impedido que se dicten medidas para frenar la impunidad.
Taipe recuerda el caso Aampetra, denunciado en 2010 y en el que cinco años después se dictó prisión preventiva. O uno en Ambato, donde la orden de captura no se registró en la Policía para su ejecución.
Por eso plantean la necesidad de reformar leyes, como el Código Orgánico de la Función Judicial, para crear unidades especializadas. Y fortalecer el acompañamiento psicológico, social y legal. “La evaluación normativa concluye que, desde lo judicial y administrativo, se ha impedido mejorar los procesos”.
La comisión hace observaciones a los sumarios administrativos que manejan los planteles. Es un proceso que dura 90 días y que suele prescribir debido a retrasos o se minimiza en multas de USD 10, como se ha reportado en Guayas.
También ha llamado la atención a las instituciones religiosas. Aampetra reportó 40 casos de abuso a menores en establecimientos religiosos. 15 curas están detenidos. La Asamblea exhortó a la Iglesia Católica para que derive estos casos a la justicia ordinaria.
Un expárroco de una iglesia de Guayaquil fue sentenciado en mayo a 20 años de cárcel, por violar a una niña de 10 en el 2012. Ella no fue su única víctima; sus dos hermanas y otras jóvenes que conformaban un coro también lo denunciaron.
"La Iglesia no dio información a la Fiscalía, escudándose en el derecho canónico”, dijo Santiago Sánchez, abogado de la madre de la menor, quien pidió que la pena suba a 30 años.
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