Tatiana Ávila es una luchadora. Hace siete años peleó por el derecho al agua en la Cooperativa San Francisco, un barrio asentado en los encaramados cerros del noroeste de Guayaquil.
En 2020, en medio del mortal brote de covid-19, salió de casa armada con una mascarilla para ayudar a las vecinas que sufrían por la pandemia de la violencia. “El encierro afectó a la convivencia y con la falta de empleo empezaron las agresiones”.
Ella lo vivió. Por años mantuvo a sus hijas con su propio taller de confecciones, pero dejó de recibir pedidos por el confinamiento. Su expareja, desde mucho antes, ya no aportaba a la casa. La crisis fue un pretexto para mostrar su ira.
“Un día tomó un cuchillo para agredirme -recuerda, aún afectada-; nunca pensé que lo haría, porque no pasaba de las palabras”.
El arma solo logró cortar las vendas que le impedían ver con claridad lo que había aprendido en talleres de derechos sobre violencia psicológica y económica. Por eso, después de escapar del ataque, esta sobreviviente se convirtió en la defensora de otras mujeres en su comunidad.
Las defensoras de derechos están preparadas para dar alertas tempranas. Son entrenadas para compartir la ‘ruta de la justicia’, uno de los nombres que recibe la estrategia para presentar las denuncias ante diferentes entidades y obtener apoyo psicológico.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) es uno de los organismos formadores, junto al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).
Como técnico de Estrategia Comunitaria del CDH, Johnny Molina trabajó con un escuadrón de lideresas de la Isla Trinitaria, para mapear la violencia en esta zona popular del sur de Guayaquil. Entre marzo y junio de 2020 entrevistaron a 273 mujeres, mayores de 15 años de edad y en situación de pobreza. 100 de ellas vivían en condición de movilidad humana.
“Muchas ya habían experimentado violencia, pero al tener al agresor las 24 horas ni siquiera tenían un respiro -dice Molina-. Toda la atención se concentró en la parte sanitaria y la violencia no fue atendida como se debía”.
Los resultados estremecen El 100% de las ecuatorianas y el 65% de las migrantes aseguraron vivir situaciones de violencia durante el confinamiento. El 89% experimentó entre dos o más tipos de violencia (física, psicológica, económica y sexual); en todos los casos el agresor fue la pareja o expareja.
La ayuda que pedían en esos días no llegó oportunamente. 33 ecuatorianas llamaron a las líneas de apoyo. En solo tres casos indagaron si estaban en peligro, pero no recibieron protección.
Katiuska Vergara caminó tras las huellas de la violencia por la Cooperativa Desarrollo Comunal II. Recuerda que tuvo que citar a varias mujeres en las tiendas cercanas para evitarles problemas.
Habló con 23 vecinas y luego de la encuesta les entregó un papel con un número de auxilio. La iniciativa incluyó la entrega de bolsas con víveres, en los que camuflaron kits de anticoncepción y folletos informativos.
“Por algunos testimonios supimos que había hombres que las obligaban a tener sexo sin que se cuiden, como una forma de tenerlas atadas a la casa. Muchas quedaron embarazadas y algunas ya tenían hasta cinco hijos”.
Dos años después se prepara un nuevo diagnóstico en la Trinitaria, donde 30 lideresas han recibido becas del Cepam para formarse en derechos, empoderamiento, salud sexual y reproductiva. En Guayaquil hay 120 mujeres que están en capacitación.
El reclutamiento de más defensoras se extiende alrededor del país. El sábado pasado, 12 de marzo, por ejemplo, se graduaron 110 promotoras de derechos en Pichincha, listas para compartir información preventiva y mecanismos de denuncia.