La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves responsable al Estado de Ecuador por las detenciones ilegales y arbitrarias de tres hombres.
Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Frank Serrano Barrera fueron víctimas durante operativos policiales antidrogas.
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Las tres detenciones ilegales por las que la Corte IDH culpa a Ecuador
En el marco de varios operativos policiales antidrogas, fueron llevadas a cabo una serie de detenciones, bajo el uso excesivo de la fuerza y sin haber boleta de detención ni situación de flagrancia.
Entre estas detenciones estuvieron las de Walter Ernesto Reyes Mantilla, Vicente Hipólito Arce Ronquillo y José Frank Serrano Barrera.
Según la demanda, la normativa que permitió la detención en estas circunstancias es incompatible con el principio de legalidad en materia de libertad personal.
La detención preventiva de las víctimas, que ocurrió entre 1995 y 1996, se prolongó por un tiempo excesivo.
Esto, debido a la vigencia de una norma penal que impedía la solicitud de excarcelación para delitos relacionados con el narcotráfico, la cual fue declarada inconstitucional.
La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, explicó en la notificación de la sentencia que las tres personas fueron “víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias”.
Vulneración de derechos
Que se vulneraron sus derechos a las garantías y protecciones judiciales en el contexto de los procesos penales en su contra.
La Corte determinó que las medidas de prisión preventiva conllevaron a una violación a los derechos de libertad personal, presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación.
Además, “fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por los actos de agresión y amenazas durante el periodo en que fueron privados de libertad”, explicó la jueza.
El tribunal consideró que “se vulneraron derechos a la libertad personal de sus familiares por los sufrimientos y angustias que padecieron como consecuencia de los hechos del presente caso”, afirmó Hernández.
Resoluciones de cumplimiento obligatorio
La Corte IDH ordenó al Estado investigar y en su caso sancionar a los responsables de cometer los actos crueles, inhumanos y degradantes.
Que tome las medidas necesarias para dejar sin efecto las consecuencias del proceso penal seguido contra las víctimas.
Además, la Corte pidió eliminar los datos de las víctimas de antecedentes penales.
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio.
El Tribunal indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia.
La Corte IDH dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.