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Los controles de bioseguridad se relajaron en Loja y Azuay; 1 000 casos más en la última semana

En el centro de abastos de la feria libre El Arenal, ubicada en el este de la capital azuaya, se registran aglomeraciones constantemente. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

En el centro de abastos de la feria libre El Arenal, ubicada en el este de la capital azuaya, se registran aglomeraciones constantemente. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

En el centro de abastos de la feria libre El Arenal, ubicada en el este de la capital azuaya, se registran aglomeraciones constantemente. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

La mayoría de los 31 cantones de Azuay y Loja enfrenta un repunte de casos positivos de covid-19; sin embargo, los controles son casi nulos.

A los representantes de los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales (COE) les preocupan la proximidad del Carnaval y las aglomeraciones, que persisten.

Hasta ayer 21 de enero del 2021, ambas provincias superaban los 23 500 contagios, desde que se inició la emergencia; de esos, 1 000 aumentaron en la última semana. Ahora, hay 7 000 casos activos.

Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales centinelas están llenas y hay pacientes críticos en lista de espera. Sanatorios de Cuenca y de Loja prevén aumentar las camas UCI, porque también reciben pacientes de otros cantones.

Esta situación alertó a los COE cantonales; algunos, como los de Cuenca y Loja, dejaron sin efecto la aprobación de protocolos para torneos
y competencias deportivas.

En ambos cantones se mantiene suspendida la reapertura de bares, discotecas y centros de diversión.

Sin embargo, tienen problemas en los mercados grandes, donde son casi incontrolables las aglomeraciones. Eso ocurre, por ejemplo, en la feria libre El Arenal, de Cuenca, y en el mercado Central, de Loja. El primero reú­ne a más de 5 000 comerciantes y no hay espacio para circular libremente.

En Azuay, después de Cuenca, los cantones con más enfermos son Santa Isabel, Gualaceo y Paute, donde se concentran las quintas vacacionales de las familias cuencanas. Para el analista Galo Durazno, eso influyó en
el incremento de casos.

En diciembre y los fines de semana, las familias se desplazan a sus propiedades para reuniones y fiestas. Eso se ha evidenciado en el valle de Yunguilla, en el cantón Santa Isabel. “Nunca tuvimos familias enteras contagiadas”, dijo la edil Anabel Lalvay.

Por ello, el Municipio suspendió los eventos presenciales por la cantonización (el 20 de enero) y el COE cantonal analiza nuevas medidas por el feriado de Carnaval, entre ellas, el ­cierre de accesos a la ciudad.

En Paute y Gualaceo, donde se organizaban comparsas, festivales gastronómicos y fiestas populares, están suspendidos los eventos masivos.

Para Ernesto Guerrero, alcalde de Santa Isabel, los operativos para frenar las aglomeraciones en los espacios públicos han disminuido por la falta de personal y de recursos económicos. Su cantón tiene ocho policías municipales para controlar un mercado y tres ferias, que suman más de 500 comerciantes.
“Estamos prohibidos de contratar más personal y el Gobierno nos adeuda USD 1 millón”.

Los municipios dependen de la Policía Nacional, Intendencia y comisarías para desarrollar los controles de fiestas clandestinas, dijo Guerrero. En las puertas de los mercados, no son estrictos ni permanentes la toma de la temperatura y la desinfección de manos de las personas que ingresan.

Muchos usuarios evitan pasar por los túneles de desinfección.
Los comerciantes dicen que la desin­fección se cumple una sola vez al día, cuando antes se hacían hasta tres. “Para nosotros eso es importante, porque cuidamos la salud de todos”, comentó Margarita Proaño, habitante del cantón Gualaceo.

En la provincia de Loja la situación es similar. Después de la capital, los cantones con más contagiados en este mes son Macará, Catamayo, Paltas, Saraguro y Calvas. El Ejército está a cargo de operativos de seguridad y bioseguridad en la frontera.

Pero según el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, el incremento de casos en su zona responde al ingreso de peruanos, por los 10 pasos clandestinos identificados a lo largo de 70 kilómetros de frontera.

Suquilanda señaló que 140 uniformados, en tres turnos, están a cargo de la seguridad y no alcanzan a patrullar todo. “No hay controles estrictos y eso nos pone en una situación difícil, porque la gente le ha perdido el miedo al contagio”.

En Macará y Catamayo están habilitadas las piscinas y centros recreativos, no así los centros de diversión nocturna y bares, eso también ha generado más movilidad de las personas provenientes de otras urbes.

A ello se suman las aglomeraciones por la campaña electoral. Aunque solo están permitidas las caravanas motorizadas, pocos cumplen.

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