La Corte Constitucional (CC) aprobó seis de las ocho preguntas enviadas por el Ejecutivo. Pero la consulta popular queda sin dos cambios esenciales que quería el Gobierno: el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) mantiene la designación de autoridades y las Fuerzas Armadas no apoyarán la seguridad ciudadana.
En el primer control de la CC se determinó la vía adecuada para los cambios. Es decir, si la enmienda era el mecanismo que debía utilizarse para las modificaciones. Sobre esto, el organismo le dijo que para esas dos preguntas la vía podría ser la reforma parcial.
El paquete de preguntas estaba dividido en tres bloques: seguridad, institucionalidad y medioambiente. En el primero, el Gobierno buscaba que las Fuerzas Armadas apoyen la lucha contra la inseguridad, la extradición para quienes cometan delitos relacionados con el crimen transnacional y la autonomía de la Fiscalía.
Con el segundo se quería reducir el número de asambleístas, más control para las organizaciones políticas y quitar al Cpccs la facultad de designar autoridades. Según el Gobierno, las tres preguntas se relacionaban entre sí para concretar el cambio que se buscaba.
Después de la decisión, el Ministerio de Gobierno fue el primero en pronunciarse. En un comunicado dijo que el equipo jurídico de la Presidencia revisa el dictamen y analiza las próximas acciones.
Entre los escenarios posibles, según Pamela Aguirre Castro y Gonzalo Muñoz, expertos en Derecho Constitucional, el Gobierno puede o no continuar con su intención de realizar la consulta.
Si decide hacerlo, lo que viene ahora es que envíe la convocatoria a la consulta para que la Corte inicie el control constitucional. Muñoz señala que después de avocar conocimiento de eso, la CC tiene 20 días para pronunciarse. Otra opción, según Aguirre, es que el Ejecutivo envíe otro paquete de preguntas que bien podrían ser plebiscitarias, es decir, que no involucren cambios normativos.
Sobre las FF.AA.
Según la CC, tal como está planteada la pregunta, altera la estructura fundamental de la Constitución y el carácter y elementos constitutivos del Estado.
“Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial; y la Policía Nacional es la garante del orden público y está a cargo de luchar contra la delincuencia, siendo esta su función definitoria e indelegable”, dice la sentencia.
La propuesta del Ejecutivo no contempla un régimen con límites materiales ni temporales claramente establecidos. Además, crea una facultad adicional para el Presidente. Esto porque se activaría solo con una solicitud de la Policía Nacional, de la cual el propio Presidente es la máxima autoridad.
Sobre el Cpccs
Para la CC, el rol que cobra el Ejecutivo en la designación de las autoridades genera desbalance entre los poderes del Estado. La propuesta planteaba que el Presidente no solamente actúe en el proceso, sino que sea nominador en cargos importantes como Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo. Además, se plantea una atribución especial ya que, si la Asamblea no designa a la autoridad, el Ejecutivo podía hacerlo.
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