Durante sesión de Consejo Provincial del Guayas se aprobó el inicio de las acciones legales que permitan la terminación unilateral de los contratos de concesiones suscritos con Concegua y Conorte. Foto: Twitter de Susana González @6SusanaGonzalez
El Consejo Provincial del Guayas aprobó el inicio de las acciones legales para la terminación unilateral de los contratos de concesión vial con las empresas Conorte y Concegua, por supuesto incumplimiento de contratos. La resolución se tomó con el voto unánime de 30 alcaldes y presidentes de Juntas Parroquiales, en la sesión celebrada la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2020.
Los consejeros fueron convocados para conocer los procesos que ha ejecutado la prefecta del Guayas, Susana González, para reclamar el cumplimiento de obras de los contratos y las posteriores sanciones a las dos concesionarias.
Según la Prefectura, luego de cumplidos los procedimientos previstos en los contratos, se dispuso la aplicación de multas, entre el 11 y 25 de septiembre de 2020, que suman USD 29,1 millones. De este valor USD 7,7 corresponden a Concegua y USD 21,3, a Conorte.
“El contrato es ley de partes y el único que respetó ese contrato fue Guayas. Hemos cumplido el debido proceso en cada una de las notificaciones, debidamente argumentadas, técnicamente probadas. Por lo tanto, seguido de las notificaciones vienen las repetidas multas que no fueron subsanadas. Esto se llama reiterado incumplimiento”, dijo González.
Luis Almeida, delegado de la alcaldesa de Guayaquil, cuestionó que ahora las concesionarias pretendan demandar al Consejo Provincial y a prefecta del Guayas, para quien pidió un voto de aplauso.
A las 10:00, una hora antes de que se instalara la sesión, Joffre Campaña, representante legal de las dos empresas concesionarias, dio una rueda de prensa en el norte de Guayaquil. Ahí informó que las compañías habían presentado una acción de protección donde alegan que se ha violentado el derecho a la defensa.
Según el abogado, “como consecuencia de estas acciones arbitrarias” supuestamente las empresas no han tenido el plazo que establece el contrato para ejercer su defensa.
“No se nos ha dado el derecho a la defensa, con una clarísima intensión de terminar los contratos vía caducidad”, añadió.
Explicó que, según los contratos de concesiones, cuando las multas exceden el 20% del monto de la contratación, la autoridad, en este caso la Prefectura, puede terminar el contrato.
Además, dijo que por cada una de las resoluciones de las multas se presentará una acción de protección. En total la Prefectura ha emitido siete resoluciones para las dos empresas. Añadió que sus representadas no pagarán las multas por considerar que “son confiscatorias”.
Campaña recordó que las concesiones viales de Guayas con ambas empresas datan de más de 20 años y que se extendieron hasta el 2026. Pero que, con las acciones de la Prefectura, el mantenimiento de las carreteras está supuestamente en riesgo. Po eso llamó al diálogo a la Prefectura y a los alcaldes de la provincia.
La prefecta del Guayas anunció en días pasados que había pedido una auditoría a la Contraloría de los contratos viales y sus extensiones. Además, sobre la deuda de USD 500 millones que la Prefectura mantiene con las concesionarias.
Campaña señaló que entregarán toda la información que corresponda y que el organismo de control ya había auditado los contratos hasta el 2017.