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Comuneros de Azuay abrieron vías en dos reservas naturales

Los comuneros y autoridades de las instituciones del Azuay realizaron hace ocho días un recorrido por el bosque Collay para evaluar los daños.

Los comuneros y autoridades de las instituciones del Azuay realizaron hace ocho días un recorrido por el bosque Collay para evaluar los daños.

Los comuneros y autoridades de las instituciones del Azuay realizaron hace ocho días un recorrido por el bosque Collay para evaluar los daños. Foto: Cortesía zonal 6 del Ministerio del Ambiente

La apertura de dos vías en el Parque Nacional Cajas y en el Bosque y Vegetación Protectora Collay, en Azuay, enfrenta judicialmente a los comuneros y autoridades de Ambiente.

El 17 de enero de este 2019 se instauraron dos procesos judiciales en ambos casos en la Fiscalía de Azuay, tras la denuncia del Ministerio del Ambiente. Además, un juez de Gualaceo emitió un fallo a favor de los derechos de la naturaleza por el bosque Collay.

Las dos reservas son sensibles por su importante biodiversidad en flora y fauna.

Tras la construcción de los caminos, entre noviembre y diciembre pasados,ya no están el páramo de pajonales, los árboles de chaparros y no se ven aves que sobrevuelen las áreas.

Dentro del Cajas, el camino va desde Patul hasta la vía principal Cuenca-Molleturo-El Empalme; tiene 1 973 metros lineales, de los cuales 55 m están fuera de esta reserva, que provee de agua a Cuenca.

El año anterior, el Ministerio del Ambiente aprobó la viabilidad de la carretera carrozable Migüir-Patul, de 10,7 kilómetros, pero el trazado estaba fuera de la reserva natural. Esta vía permitirá conectar a los cinco poblados -80 familias- que no tienen carretera de acceso.

Técnicos del Ministerio del Ambiente realizaron dos inspecciones el mes pasado y encontraron en el Cajas a los comuneros, quienes abrían la trocha con picos y palas. Los campesinos dijeron que viven años sin poder trasladar sus productos al mercado.

El informe de este Ministerio dice que con esa variante se afectó a vertientes, al ciclo hidrológico, al control de la erosión y a refugios silvestres.

Según Silvio Cabrera, coordinador zonal 6 de esta Cartera de Estado, la variante es ilegal porque el Código Orgánico Integral Penal prohíbe cualquier intervención en áreas protegidas y los habitantes tampoco tienen los estudios y permisos.

Por eso, el Ministerio del Ambiente denunció este caso y el de la vía que abrieron los comuneros de la zona oriental, por el bosque Collay.

Esta última reserva de 29 000 hectáreas ocupa territorios de Azuay y Morona Santiago, y es un humedal de recarga hídrica con áreas no tocadas.

Los pobladores de Chordeleg, Gualaceo, Limón Indanza y San Juan Bosco, agrupados en un Comité Cívico, abrieron trochas –con maquinaria pesada– desde dos puntos.

El primero por el sector de Capilla, de la parroquia La Unión de Chordeleg; y la otra por Chaucán de Gualaceo. En total son 609 m lineales y se destruyó una área de 5 577 m² de vegetación nativa.

Para intervenir, los comuneros obtuvieron un certificado del Sistema Único de Información Ambiental de la Prefectura del Azuay, que autorizó para abrir un kilómetro de vía por fuera del Collay.

Con ese camino pretendían conectar las dos provincias, porque la Gualaceo-Limón se cierra en cada invierno al tránsito, por la macrofalla geológica en el sector de Ingamullo.

La Gualaceo-Limón lleva casi una década en construcción y más de USD 140 millones invertidos en varios contratos. Actualmente tiene cuatro meses bloqueado el paso.

Entre las dos provincias hay una importante relación familiar y comercial, agrícola y ganadera. El azuayo Gerardo Chacón, de 65 años, lleva un año sin visitar a su hermano en Limón. Viajar por las alternas Sígsig-Chigüinda o Paute-Guarumales son cuatro horas más y es complicado”.

Leonidas Lituma, de San Juan Bosco, es uno de los impulsores de la variante. Dice que en todos los inviernos quedan incomunicados y los agricultores no pueden sacar sus cosechas a Azuay.

Hace 20 días, las autoridades del Municipio de Gualaceo presentaron una acción de protección por la apertura de la vía por el Collay, argumentando que esta reserva es una cuenca hídrica.

El fallo del juez –emitido el pasado lunes– señala a la Prefectura como responsable por omitir el cuidado ambiental y a Antonio C, dirigente de Limón Indanza, de violentar el derecho de la naturaleza. Dio un plazo no mayor de seis meses para reforestar el territorio afectado y realizar campañas de educativas y de protección.

Según Sonia Cevallos, directora de Gestión Ambiental de la Prefectura, apeló el fallo porque no otorgaron ningún permiso para vías por el Collay.