Los técnicos del Municipio de Morona realizan el monitoreo de zonas aledañas al volcán Sangay. Foto: Cortesía Municipio de Morona
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón Morona se reunió este viernes 20 de diciembre de 2019 con las personas que mantienen asentamientos humanos irregulares en las playas del río Upano. El objetivo fue lograr y planificar su reubicación para evitar cualquier emergencia en el caso de que se registre una erupción importante del volcán Sangay.
Los técnicos del Municipio de Morona realizan el monitoreo de la zona por el riesgo latente en el caso de presentarse un desfogue de las aguas represadas en el Upano debido al arrastre de material piroclástico procedente del volcán. La intención es evitar afectaciones a la integridad física e infraestructura de quienes viven en la zona.
Diálogo entre autoridades de Morona y habitantes aledaños al río Upano y volcán Sangay. Foto: Cortesía Municipio de Morona
Según el alcalde de Morona, Franklin Galarza, por el momento no existe peligro, pero el evento puede cambiar en cualquier momento y poner en riesgo a las personas que habitan en la zona de influencia al volcán o en las playas del Upano. “Nos preocupa que existan asentamientos e invasiones que no cuentan con los servicios básicos de agua potable, letrinas, energía eléctrica, asentamientos que están ubicados en ecosistemas frágiles o lechos de río”.
Tras el diálogo se acordó levantar el expediente individual de quiénes están asentados en la llanura aluvial del Upano. Además, generar una ficha socio-económica para adoptar las decisiones más acertadas y oportunas, dijo Galarza.
Otros acuerdos fueron realizar las visitas de campo y a finales de enero del 2020 promover otra reunión de trabajo para ir definiendo las líneas de acción a ser consideradas en la búsqueda de las soluciones definitivas.
El lunes 16 de diciembre de 2019, el COE cantonal solicitó a los habitantes de Playas de San Luis que salgan del lugar. Lo mismo hizo con quienes viven en Quinta Avenida, Santa María de Tunans y San Isidro. Según Galarza, la idea es ubicarlos en sitios seguros.