Los comerciantes de Tulcán e Ipiales piden abrir un corredor

Los locales de la calle Sucre, una arteria comercial de Tulcán, seguían cerrados ayer, 12 de junio del 2020.

Tras 11 años de funcionamiento, el almacén Punto Agrícola, de Tulcán, cerró sus puertas. Este es otro de los negocios de la ciudad de Carchi que no pudo soportar más la crisis económica, que se agudizó con la pandemia.
Según la Cámara de Comercio de Tulcán (CCT), el 10% de 3 000 locales puso fin a su actividad luego del 16 de marzo, cuando entró en vigencia el estado de excepción.
Wilson Cabrera, propietario de Punto Agrícola, se lamenta que también hayan quebrado los negocios de seis vecinos de la avenida Coral y Brasil. Entre ellos están una ferretería y un almacén que vendía puertas.
En Ipiales, Colombia, otra urbe con vocación comercial, las cosas son parecidas. Ahí unos 4 500 establecimientos estaban registrados en la Cámara de Comercio (CCI). Varios locales también han cerrado. Se realizará un inventario para conocer la afectación.
Preocupados ante la actual coyuntura, los directivos de la CCT y de Ipiales se reunieron de manera virtual para buscar alternativas, comenta Alexander Chamorro, presidente de la CCT.
Una de las propuestas de estos gremios es que se abra un corredor de negocios entre la provincia del Carchi y el departamento de Nariño, en Colombia. Así explica John Jairo Suárez, director de planificación y proyectos de la CCI.
Recuerda que históricamente los habitantes de esta región fronteriza han mantenido un ágil comercio, especialmente de productos de la canasta básica.
El planteamiento es que se permita el intercambio de bienes y servicios, generados en la franja limítrofe. Caso contrario, se producirá la desaparición de empresas y la repercusión se reflejará en el desempleo, advierte Suárez.
La semana pasada, los directivos de la CCI dialogaron con representantes de la Cancillería de su país. Los funcionarios les explicaron que el comercio exterior con Ecuador está fluyendo.
Pero pidieron paciencia a los comerciantes más pequeños hasta que se reabra la frontera, evento que se prevé para septiembre próximo.
El anuncio no dejó satisfechos a los comerciantes de los dos lados de la línea limítrofe. Anunciaron que seguirán presionando a sus respectivos gobiernos, que son los que tienen la última palabra.
Como la mayoría de ciudadanos, Cabrera prefirió pasar los primeros meses encerrado en su casa, junto a su familia, para evitar el contagio.
Pero luego de 81 días de descanso obligado, cuando Tulcán pasó del semáforo rojo al amarillo, quiso retomar sus actividades. Sin embargo, ni los campesinos de Ecuador ni los de Colombia llegaron a buscar los insumos agrícolas, como abonos y herramientas.
El tema se complicó cuando el Gobierno colombiano anunció que mantendrá cerradas sus fronteras, entre ellas el puente de Rumichaca, hasta el 31 de agosto.
Eso dificulta la visita de los labriegos colombianos que estaban entre sus clientes.
Igualmente, Ipiales dejó de recibir un promedio de 20 000 ecuatorianos que visitaban los fines de semana esta urbe para realizar turismo de compras.
Ante la incertidumbre de una fecha en que se normalice esta situación, Cabrera decidió devolver la mercadería a los proveedores y cerrar definitivamente su local.
Ahora está dedicado a la agricultura en los terrenos de su padre. Es una situación parecida a la de otros comerciantes que han tenido que cambiar de actividad para sobrevivir. Esto se refleja en algunos negocios, como una peluquería de Tulcán que ahora vende verduras en su puerta.
Según Chamorro, el que hayan cerrado la frontera no quiere decir que el intercambio de mercaderías esté suspendido. Considera que ante la falta de empleo, el contrabando se ha vuelto una alternativa para mucha gente.
Eso es latente con los pasos informales -alrededor de 100- que se abren permanentemente en la frontera.
El jueves 11 de junio del 2020 se produjo un altercado en El Brinco, entre comerciantes informales y la fuerza pública que impedía el paso a Colombia. De Ecuador llevan gas, huevos, arroz, aceite. Y traen frutas, cigarrillos, teléfonos y ropa, asegura un uniformado.