Las autoridades de Colombia manejan con reserva los datos y cifras de los afectados. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO
Camina con dificultad. Una cicatriz en la pierna derecha es la señal que le dejó un disparo perpetrado por integrantes de un grupo armado en Tumaco, Colombia. Le acusaban de ser informante del Ejército.
Con tristeza, este comerciante que vive desde hace seis meses en el norte de Ecuador, cuenta que tuvo que dejar su familia, su casa y su negocio para salvar su vida.
Es una historia parecida a la de Ana (nombre protegido), su esposo y sus dos hijos que llegaron al país hace tres años.
La mujer aún recuerda las horas de angustia que vivió los dos días que su cónyuge estuvo secuestrado en el valle del Cauca. Pagó 6 millones de pesos (USD 3 000) por la liberación de su pareja.
Luego supieron que los agresores eran parte de una banda criminal. A estas organizaciones en Colombia se las conoce como ‘Bacrim’, comenta.
Angustiada, esta pareja decidió abandonar una empresa de comida y cambiar de ciudad, en su mismo país. Pero fueron localizados. Por ello buscaron refugio en Ecuador.
Como estos, hay testimonios de cientos de personas afectadas por la violencia del conflicto armado interno en Colombia, que pueden beneficiarse de la Ley 1448 del 2011, conocida como ‘Ley de Víctimas’.
Esta normativa busca atender, asistir y reparar integralmente a estos ciudadanos dentro y fuera de su nación, explica Hugo Enríquez, cónsul de Colombia en Tulcán, Carchi.
La Cancillería, junto con la Unidad para las Víctimas de ese país, difunde esta legislación que podrá beneficiar a los perjudicados que han sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985.
A inicios de noviembre, una delegación de esas entidades visitó Ibarra. Ahí atendió a 125 ciudadanos colombianos que llegaron de varias partes del Ecuador. Antes estuvo en Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otras ciudades con fuerte presencia de extranjeros.
Diego Riaño, director nacional de la Asociación Amigos Mira, un grupo voluntario que colabora en la difusión de la Ley 1448 en Ecuador, calcula que en el país han sido reconocidas al menos 6 800 víctimas del conflicto.
“El reconocimiento hace parte de esa ley y aplica cuando la persona se presenta, cuenta su historia y con un análisis técnico la Unidad de Victimas lo reconoce o no”.
Entre los casos más frecuentes están secuestros, asesinatos y violaciones, señala Riaño.
Hay varios tipos de reparaciones. La económica tiene una tabla que va desde los 17 salarios mínimos colombianos (USD 4 442) hasta 40 salarios (USD 10 453), dependiendo de la gravedad del hecho, explica el diplomático.
Ecuador es uno de los países que más ha acogido a los ciudadanos colombianos, víctimas de la violencia.
Según Enríquez, se trata de 57 640 que han recibido el estatus de refugiado. Pero hay un estimado de 226 000 personas que han solicitado asilo en Ecuador desde 1989, según cifras de la Acnur.
Ana y su familia llenaron el formulario para hacerse acreedores de los beneficios de la Ley de Víctimas. Ella comenta que presentaron la solicitud hace dos años. Les indicaron que tienen el perfil requerido. Sin embargo, todavía esperan una respuesta del Gobierno colombiano.
La Cancillería colombiana tiene previsto continuar con el programa de información sobre la ley en el 2019.
Hasta marzo próximo se realizará la planificación. La idea es avanzar hacia la zona rural del Ecuador, en donde se cree residen muchos extranjeros.
El Consulado de Colombia en Tulcán aspira a difundir estos beneficios el próximo año, en sitios lejanos como la parroquia El Chical, en Carchi; Lita, en Imbabura; y San Lorenzo, en Esmeraldas.
Entre otras cosas se les explica que deben poseer o sacar el duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta de identidad. Estos documentos son necesarios para buscar los beneficios de la ley.
Los nombres y las cifras de las víctimas -que podrán aplicar a la ayuda hasta el 2020- se manejarán con reserva.