Carmen Lozano (i), líder de mujeres de la Ecuarunari y Fernanda Soliz (d), vocera del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. Foto: Ana María Cravajal / EL COMERCIO
El Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial entregará en los próximos días un informe que levantó a raíz de un trabajo en la comunidad indígena de Saraguro, en la provincia de Loja, para evaluar las secuelas que dejaron los enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas en el levantamiento indígena de agosto pasado.
Fernanda Soliz, quien ofreció una rueda de prensa este lunes 13 de junio del 2016, informó que este trabajo será entregado a instancias de justicia nacional e internacional. Unos 15 profesionales, entre psicólogos, médicos, abogados y sociólogos realizaron entrevistas en la comunidad a las personas que estuvieron allí cuando las autoridades ingresaron a la zona.
Según Soliz, hubo violaciones al derecho a la resistencia y a la manifestación pacífica. Además, en ciertos casos “detención arbitraria, que es una grave violación a los derechos humanos” y que esto se produjo con “métodos incompatibles a la dignidad humana”. La vocera explicó que la gente de Saraguro relató haber sido víctima de golpes y que una persona perdió todas las piezas dentales, debido a ello. El Ministerio del Interior, por su parte, ha señalado que fueron los policías quienes fueron agredidos.
Como producto del shock, explicó Solzi, hubo personas que sufrieron parálisis y accidentes vasculares, y que en ciertos casos persisten hasta ahora síntomas de abulia, insomnio, anorexia, ansiedad, todos relacionados con el estrés postraumático. En el informe recuerdan a las autoridades que las violaciones a derechos humanos no prescriben.
El fin de semana, en su enlace semanal, el presidente Rafael Correa dijo que no se debía victimizar a Luisa Lozano y Amable Angamarca, de la comunidad de Saraguro, quienes fueron sentenciadas a cuatro años de privación de libertad. Recordó que también hubo uniformados heridos. El jueves pasado, en Manta, se refirió también al tema y dijo que no sabía si la condena era proporcional o no, pero que no se trata de “angelitos”, puesto que en Saraguro hubo un caso de un policía que fue golpeado, secuestrado y vestido de mujer.
Al respecto, Soliz dijo que el colectivo analizó el caso de la sociedad civil violentada y que ninguna agresión justifica lo que ocurrió con los miembros de la comunidad. A la rueda de prensa acudió también Carmen Lozano, líder de mujeres de la Ecuarunari, que aglutina a los pueblos kichwas de Ecuador, y que arribó de Saraguro. “Mi pueblo ha sido violado todos los derechos en la discriminación, racismo, insultos, palabras que no se pueden expresar y amenazas. Es hora de denunciar y exigir el derecho que como todo ciudadano tenemos”.