En la imagen, tres de los ecuatorianos kichwas imputados, cuando asistían a la sala de juzgamiento por el asesinato a una mujer por robarle su cartera y teléfono celular en Chile. Captura
El asesinato de Margarita Ancacoy, ocurrido el 18 de junio del 2018, presuntamente por parte de cinco miembros del pueblo kichwa Otavalo, que residen en Chile, sigue generando reacciones. El Cabildo Indígena de Otavalo, a través de su presidente Patricio Lema, lamentó el hecho. Según el dirigente, todas las personas que infringen la ley deben ser sancionados, independientemente de su cultura.
Sin embargo, criticó las torturas a los que fueron sometidos Cristian R., de 20 años, y Jonathan Ch., de 21, por otros internos en el Penal Santiago 1. Un video, que dura 45 minutos y que circuló por las redes sociales, muestra cómo los dos implicados, que fueron los primeros detenidos, eran golpeados, recibían descargas eléctricas y eran rapados la cabeza.
Luego del hecho fueron trasladados a una prisión de alta seguridad. Ahí permanecerán en detención preventiva por 120 días, que es el período que durará la investigación. La medida también se extendió a Diego T. y Olguer O., quienes fueron apresados horas después y se informó que también fueron agredidos. Además, ingresó un quinto sospechoso, que fue el último detenido, a esa dependencia penitenciaria.
El hecho ocurrió en la avenida República y Calle Domeyko, en Santiago de Chile. Foto: Captura Google Maps
Los compatriotas están acusados de haber golpeado a la ciudadana chilena con un madero en la cabeza, para robarle la cartera y su teléfono celular. La mujer, de 41 años, perdió la vida tras el ataque.
Lema explica que el cabello largo y el peinado en trenza es parte de la identidad cultural de los hombres del pueblo Otavalo. Esa imagen les ha dado fama a escala mundial, cuando viajan por diferentes países vendiendo artesanías o interpretando música andina. Por eso se considera que cuando les raparon la cabeza, se atentó contra su identidad cultural.
Los actos de tortura fueron rechazados incluso por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. “Nadie en nuestro país tiene derecho de tomarse la justicia en sus propias manos, y por lo tanto los que torturaron a estos asesinos también van a tener que asumir su responsabilidad, enfrentar a la Justicia y recibir la sanción que se merecen”.
Rocío Cachimuel, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, explicó que la justicia indígena, que está reconocida por la Constitución de Ecuador, implica una serie de sanciones para los responsables de haber cometido faltas y delitos al interior de los territorios comunitarios. Las penas van desde amonestaciones verbales, baño público de purificación con agua y azotes de ortiga, trabajos comunitarios, entre otras. La mayor sanción es la expulsión de la comunidad, que generalmente se aplica a los reincidentes. Pero, jamás se contemplan acciones como el corte de cabello.
Lamentó lo sucedido en Chile. Aclaró que los compatriotas imputados deben ser juzgados y sancionados respetando sus derechos.
Lema y Cachimuel temen que el hecho de sangre pueda generar represalias contra la comunidad kichwa de Otavalo, que reside en el país del sur. Calcula que son alrededor de 2 000 indígenas que han emigrado y cuya mayoría reside en la ciudad de Santiago, en donde ocurrió el suceso. Otros países de Sudamérica que registran alta población kichwa ecuatoriana son Colombia y Brasil.