Los comerciantes de Tulcán conocerán hoy detalles de la canasta transfronteriza. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO
Luego de tres meses de reuniones y negociaciones en Tulcán y en Quito, los habitantes del Carchi esperan este viernes 15 de febrero de 2019 el anuncio de las medidas para reactivar la economía local.
El Gabinete Presidencial, que se tiene previsto realizar hoy en la provincia fronteriza, será el espacio para informar las acciones gubernamentales. Por ejemplo, están la canasta comercial transfronteriza modificada, la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y la creación de polos económicos, entre otras demandas.
Esos pedidos son parte de 12 puntos que propuso el Comité Cívico del Carchi al Gobierno.
Uno de los temas más esperados es el de la canasta comercial transfronteriza. El gremio de los propietarios de tiendas y almacenes solicitó que se aumentara el plazo de vigencia, de uno a tres años.
También, que se incluya calzado, ropa y juguetes entre los productos que puedan ingresar libre de aranceles desde Colombia; es decir, 52 ítems. Antes, la canasta estaba conformada por 49 productos.
Además, se ha pedido que se amplíe el número de beneficiarios y para ello se realiza un estudio. La anterior disposición incluyó a 4 739 personas que tenían al comercio como la principal actividad.
Según el gobernador Edwin Moreno, unos pedidos de la provincia se han resuelto, mientras que otros continúan en análisis por su complejidad.
Por ejemplo, ya funciona la línea de créditos. BanEcuador entregó USD 300 000 en préstamos para compra de ganado de carne y leche y para semilla mejorada de papa.
La Corporación Financiera Nacional (CFN) empezó a recibir desde esta semana las solicitudes. Los funcionarios de la entidad atienden en las oficinas de BanEcuador de Tulcán.
El Gobernador informó que la CFN ofreció entregar créditos desde USD 50 000 hasta 25 millones, para proyectos productivos. La tasa de interés es del 8,5% anual.
Para hacer los ajustes a los 12 planteamientos de la provincia, ayer se instalaron cuatro mesas de trabajo. Entre ellas estaban el gabinete sectorial de lo económico productivo, el gabinete social, de seguridad y de infraestructura y recursos no renovables.
Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico para la Reactivación Económica del Carchi, explica que los pedidos de todos los sectores se tomaron en cuenta para el debate.
Es decir, desde la solicitud de medidas de carácter económico y reactivación productiva hasta el apoyo a demandas ciudadanas, como la de los implicados en contrabando o personas que están endeudadas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), porque constan como propietarios de carros que ya no poseen.
En el Carchi hay 380 casos de ciudadanos que vendieron sus vehículos, fueron chatarrizados o robados, pero aparecen con deudas que se han acumulado durante años. Así asegura Ramiro Lucero, presidente del Comité de afectados por vehículos que ya no circulan.
En su caso se enteró que tenía una deuda de USD 2 000 por una camioneta que vendió hace 18 años. En noviembre le llegó una notificación del SRI sobre la remisión de intereses, multas y recargos, como parte de la Ley de Fomento Productivo.
Lucero cuenta que los representantes del SRI y de la ANT ofrecieron dar una solución hoy durante el Gabinete Presidencial en Tulcán.
Los familiares de personas indultadas por contrabando de combustible se presentarán. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO
También se dieron indultos a las personas que fueron detenidas y acusadas de tráfico ilegal de combustibles.
Hasta el momento se han beneficiado 28 personas. Pero el proceso sigue para tres personas más, explica Maribel Játiva, miembro del Comité Cívico, que fue la encargada de realizar los trámites ante el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia.
Según Moreno, el indulto beneficiará únicamente a 31 personas. Játiva explica que para beneficiarse del perdón presidencial, los implicados debían cumplir tres requisitos: no tener otras causas judiciales pendientes, tampoco ser reincidentes en el contrabando y haber pagado una parte de la sentencia en la cárcel.