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Caducadas 1 millón de galletas y 400 000 coladas para escuelas en Riobamba

Un operativo de Arcsa detectó 1 millón de galletas y 400 000 coladas caducadas desde el 2017 en dos bodegas de Riobamba. Foto cortesía Arcsa

Al menos 1 millón de unidades de galletas y 400 000 coladas caducadas en el 2017 fueron encontradas en dos bodegas en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo.

El operativo estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) con el apoyo de la Fiscalía del Estado y la Intendencia de Policía este miércoles 24 de noviembre del 2021.

El hallazgo se realizó mientras se efectuaba una diligencia ante la denuncia del propietario de la bodega en contra de los dueños de la empresa que no cancelaron el arriendo durante cuatro años. La Jueza de Inquilinato ordenó la apertura de las puertas de las bodegas y el desalojo de los productos que se encontraban almacenados.

Los alimentos que se guardaban correspondían al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, el Ministerio de Educación desmintió este 24 de noviembre que se hayan adquirido esos productos durante el actual Gobierno.

Un informe emitido por el Arcsa detalló que más de 25 000 cartones llenos con estos productos estaban almacenados en dos galpones cercanos al Parque Industrial de Riobamba. Hasta este lugar llegaron los técnicos de Arcsa, personal de la Fiscalía y de Policía. Tras una revisión y verificación de los alimentos se comprobó que estaban caducados.

“Además de significar un perjuicio para el Estado que se estima en alrededor de USD 2,5 millones, representa una grave afectación para la nutrición de miles de niños y jóvenes del sistema nacional de educación, a quienes se les negaron los productos que encontramos hoy y que por su caducidad ya no pueden serles administrados porque serían un riesgo para su salud”, manifestó la directora ejecutiva de Arcsa, Ana Karina Ramírez.

En el documento se informó también que los funcionarios de Arcsa levantaron la información para documentar el gigantesco hallazgo. Se solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones de este ilícito y el retiro de los productos para su posterior disposición y desecho.

En tanto, el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, dijo que este miércoles circularon noticias imprecisas y alarmistas sobre el Programa de Alimentación Escolar y su administración.

Explicó que en el hallazgo de los productos que fueron producidos en 2016 y que perecieron en marzo de 2017 es importante contextualizar las fechas y cuándo sucedió. Aseguró que mediante el Decreto Ejecutivo 129 del 8 de octubre del 2013 se creó el Instituto Nacional de Provisión de Alimentos adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Su Director Ejecutivo fue nombrado por el Ministro de Agricultura.

Dijo que posteriormente, mediante Decreto 821 del 17 de noviembre del 2015, se creó la Unidad Nacional de Almacenamiento que absorbió al Instituto Nacional de Provisión de Alimentos haciéndose cargo de la adquisición y distribución de la alimentación escolar.

Chiriboga afirmó que mediante Decreto 1120 del 18 de julio del 2016 recién el Ministerio de Educación asumió la competencia de adquisición y distribución de la alimentación escolar.

Entre julio y noviembre del 2016, no se llevó adelante aún la adquisición y distribución de los alimentos debido a que se estaban elaborando las fichas para la adquisición en conjunto con la Cartera de Salud y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Es decir, que estos productos que datan de septiembre del 2016 y que caducaron en marzo del 2017 no fueron adquiridos por el Ministerio de Educación. “No fue bajo la supervisión de esta entidad que se haya echado a perder la misma como se informó en algunos medios de comunicación”.

Aseguró que actualmente el PAE no cuenta con bodegas de almacenamiento, eso quiere decir que la alimentación es producida directamente por las fábricas y entregada en las unidades educativas.

Según el viceministro, la cadena de distribución no es competencia del Ministerio de Educación sino que responde a un contrato que ha sido firmado directamente por el Servicio Nacional de Contratación Pública a través de un convenio macro y los proveedores. El ordenador de la compra es el Ministerio de Educación.

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