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Una comisión de Asamblea Nacional verifica la situación actual en el caso Furukawa

Legisladores recorrieron junto a las familias afectadas las zonas donde opera la empresa abacalera en tierra Tsáchila. Fotos: Cortesía

La actual situación de las familias afectadas en el caso de esclavitud moderna, que involucra a la empresa abacalera Furukawa, fue conocida por asambleístas nacionales.

Legisladores de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad recorrieron tres de los campamentos donde viven los extrabajadores de esta firma.

Lo hicieron en la vía Santo Domingo de los Tsáchilas-Quevedo este viernes 30 de julio de 2021.

Ahí recopilaron testimonios de las familias y que serán claves para avanzar en un informe que elevará la Comisión de legisladores para el seguimiento del proceso de fiscalización, que empezó el 16 de abril de 2019.

Desde el pasado 21 de julio, este cuerpo legislativo retomó los pedidos de comparecencia de las autoridades de los ministerios de Salud, Inclusión Social, Trabajo, Agricultura y Ganadería; además, de la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros.

Los asambleístas, Grúber Zambrano, Paola Castillo y Jhonny Tapia constataron las condiciones deplorables en las que viven las familias.

Tapia escribió en sus redes sociales: “No basta una disculpa para sanar lo que ha sucedido en la empresa Furukawa. El Estado debe responder por todos los daños ocasionados y garantizar que a nivel nacional esto no se vuelva a dar. ¡No se juega con los derechos humanos!”.

Cabezas, en cambio dijo: “Esta es la realidad de algunos campamentos de Furukawa. Condiciones lamentables y miseria. Sin agua, luz u otro servicio público. ¿Cómo podemos aceptar en pleno Siglo XXI la esclavitud y el trabajo infantil? El Estado está en la obligación de poner un alto a esto”.

Zambrano sostuvo que en los campamentos ubicados en los kilómetros 42 y 37 se evidenciaron casos de personas a las que les demolieron sus espacios donde vivían. Y que estos problemas siguieron pese a las distintas acciones de organizaciones no gubernamentales, derechos humanos y estatales, que han elevado diversas alertas sobre el tema.

En un informe difundido por la Comisión Legislativa, previo a la visita en Santo Domingo, se recordó la forma judicializada bajo la cual ha venido actuando la abacalera.

“La empresa, por años, ha implementado un sistema de vida y trabajo de familias dentro de sus haciendas que, por las condiciones en que se realiza, se adecuaría a un sistema de servidumbre prohibido por estándares internacionales y que vulneraría gravemente el conjunto de sus derechos humanos”.

En un medio televisivo local, Adrián Herrera, gerente de Furukawa, desmintió todas las acusaciones que se han hecho en contra de la empresa.

Aseguró que todos los contratos de los trabajadores están al día y amparados bajo el respectivo seguro social. Que hay incluso un médico ocupacional que se encarga de velar por la salud de los obreros.

Además, indicó que actualmente hay 800 hectáreas invadidas y que no tienen autorización de la empresa para que las personas permanezcan ahí.

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