En este sitio de Alluriquín se construye una casa en el mismo lugar, destruido por el desbordamiento del río Damas. Foto:Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO
La pesadilla que vivieron por el desbordamiento del río Damas aún no termina para los habitantes de la parroquia rural Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los pobladores han intentado recuperarse de diversas formas en estos 11 meses, luego del desastre que dejó cuatro personas fallecidas, 300 damnificados (70 familias) y 11 casas destruidas.
Tras la tragedia de la madrugada del 26 de abril, los moradores reconstruyeron las viviendas e inmuebles que se perdieron, y colocaron un muro de protección para contener la fuerza del río Damas, en época de constantes lluvias.
Hicieron autogestión y sacaron los ahorros de años de trabajo para invertir en sus nuevas viviendas. Sin embargo, ahora se enfrentan a otra problemática ajena a los embates de la naturaleza. Se trata de una medida de carácter administrativa-legal que involucra a 20 familias que decidieron reconstruir sus predios.
Según el comité de afectados de Alluriquín, el Municipio emitió 20 boletas de citación para que las familias respondan por esas construcciones.
El Cabildo argumenta que las hicieron sin permisos de construcción e irrespetaron la declaratoria de alerta naranja que se mantiene vigente desde el 27 de junio del 2014. La medida es para evitar un daño más grave que el del 26 de abril.
El director de Control Territorial del Municipio, Stalin Naranjo, señala que para las citaciones actuaron con base en una resolución que dispuso la prohibición de entregar autorizaciones y aprobar planos para nuevas construcciones en Alluriquín.
Antes de que se emitieran las notificaciones, los técnicos del Municipio identificaron los sitios donde empezaron las construcciones. Se verificaron que 20 están en proceso de edificación y otras 15 están en fase de constatación para definir si es procedente citar a los dueños. Naranjo agrega que se debe establecer si fueron construcciones recientes o si ya estaban ejecutadas antes del desbordamiento del río.
Hay predios con un avance del 40% y otras terminadas.
Rómulo Córdoba está dispuesto a comparecer ante el Municipio para defender su inversión de USD 8 000 y las donaciones de material que le entregaron sus familiares para levantar su nueva casa.
Lo dice mientras muestra la citación municipal en la que se le notifica por “adecuaciones en vivienda sin permisos de trabajos varios”.
Recibió el documento el 14 de octubre pasado, a pocos días de inaugurar su casa.
Cuenta que tras la tragedia de abril se vio forzado a vivir en aprietos en un inmueble que rentó cuatro meses.
Se cansó de la incomodidad y fue al banco a retirar sus ahorros para empezar la construcción de una vivienda de un piso en la misma zona del desastre. Inauguró su predio hace un mes y aunque no está con todos los acabados dice que es mejor vivir en algo propio que alquilado. Añade que contrató un abogado para que asuma su defensa, pues cree que el Municipio le debe dar una salida o llegar a un acuerdo para que no se le retire su construcción.
La comparecencia de los notificados está prevista para las 10:00 del 11 de noviembre en la Unidad de Juzgamiento de Infracciones del Cabildo. De comprobarse la ilegalidad, los presuntos infractores podrían exponerse a una multa del 10% del costo total de la obra y a un posible derrocamiento de la construcción. Según la Unidad, ese es el procedimiento.
Hugo Moreno, coordinador del Comité de Gestión de Riesgos de Alluriquín, asegura que temen que la acción legal del Municipio les retire el muro que levantaron con autogestión. Una empresa de transporte, una institución pública y varias canteras de material pétreo les ayudaron a financiar esta obra en la que invirtieron USD 250 000. Moreno refiere que la protección abarca un 20% de los 185 kilómetros considerados en riesgo.
“Tenemos los estudios realizados por una universidad, que nos sirve de sustento de que esta obra fue elaborada bajo los principios técnicos”.
El Cabildo aún no identifica a los responsables directos de esta construcción. No obstante, lleva a cabo las verificaciones para realizar las futuras citaciones, en caso de que se encontraran, según la Dirección de Control Territorial.
Pero los habitantes dicen que no desmayarán en su intento de reconstrucción. Ellos siguen con la autogestión para recuperar el local del Centro del Buen Vivir para los niños.
En contexto
La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió dos declaratorias de alerta naranja el 2014 y 2015 para Alluriquín. Se recomendó reubicar al poblado a través de un proyecto municipal. 20 familias recibieron nuevas casas en la vía a Colorados del Búa.
