Los alcaldes de Azuay piden seguridad

La inseguridad en la capital azuaya tiene preocupadas a las autoridades gubernamentales. En los últimos dos meses se han registrado seis asaltos bancarios, un ajusticiamiento; cinco tiroteos y cinco muertes vinculadas a la delincuencia.

Esto, incluso, abrió la posibilidad de que se militarice la ciudad. Los casos fueron analizados, ayer en Cuenca, por los ministros del Interior, Gustavo Jalkh; de Justicia, José Serrano; el fiscal general de la Nación, Washington Pesantez; y el comandante general de la Policía, Freddy Martínez.

Se reunieron con los 15 alcaldes azuayos. El de Cuenca, Paúl Granda, dijo que existen fallas que deben ser corregidas en la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos delictivos.

La reunión sirvió para ensayar algunos salidas al problema. Se dijo, por ejemplo, que se deben mejorar las relaciones interinstitucionales en la justicia, así como la comunicación. También se deben gestionar más recursos y policías contra la delincuencia.

La semana anterior se asignaron 60 nuevos policías a Cuenca. Esta semana arribarán otros 20, dijo Jalkh. Él estuvo, ayer, en la inauguración del edificio de la Policía Judicial de Azuay y de Criminalística. Se empezó a construir hace unos dos años y tuvo inconvenientes económicos, técnicos y legales, según el jefe policial de Azuay, Edmundo Merlo. Por ello cuenta con los equipamientos básicos y solo 120 agentes.

La llegada de Jalkh fue aprovechada por las familias de Carlos Salamea y de Ángel Molina para exigir justicia. Ambos fallecieron en medio de incidentes aún no esclarecidos. El primero en una balacera tras el robo en una agencia bancaria. El otro fue ajusticiado por habitantes del barrio La Unión Alto, en el sur de Cuenca.

Según su hermana, Ana Molina, él fue contratado por asaltantes para conducir una camioneta y lo confundieron. Las indagaciones están abiertas.

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