La propuesta de expropiar tierras a los que tienen más de 500 hectáreas en el campo y que no cumplan sus funciones sociales y ambientales generó malestar en el sector agropecuario del país.
Ayer en Guayaquil, los representantes de los bananeros, camaroneros, maiceros, arroceros, cañicultores, ganaderos y mangueros se reunieron para rechazar el ante proyecto de Ley de Tierras y Territorio que se presentó a la Asamblea Nacional.
La cita se realizó en la Asociación de Ganaderos del Litoral y fueron más de 40 agricultores que se sienten afectados por el proyecto. Además, los dirigentes solicitaron una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Ramón Espinel para sociabilizar la Ley y buscar soluciones que no afecten a la producción agrícola.
Espinel dijo en la mañana en el canal de televisión Ecuavisa que desde el Gobierno aún no se tiene un proyecto definido. Pero reiteró que se respetará la propiedad privada eficientemente cultivada
El proyecto rechazado por los productores fue realizado por el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador a pedido de la Confederación Nacional de Soberanía Alimentaria y la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea.
Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, dijo que la propuesta busca limitar la tenencia de tierras a los locales y extranjeros. “Esto afecta a los pequeños y medianos agricultores que no podrán aumentar sus cultivos y a desaparecer sino cumple alta rentabilidad”.
Uno de los artículos que más se rechazó fue la limitación de 500 hectáreas por agricultor local y 300 hectáreas para los extranjeros. “Si un extranjero apuesta en el país y compra 500 hectáreas para producir se lo afectará, porque se le expropiarán 200. Es una forma de estafar y eso no debe pasar”.
Para los camaroneros su preocupación es que los tenedores de más de 25 hectáreas pueden ser expropiados sino cumplen las funciones social y ambiental. César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que se busca sancionar a los productores que no generen suficiente valor agregado a la tierra. Así también a aquellos que no generen un ingreso neto por hectárea. “Lo preocupante es que nadie sabe cuánto valor agregado debe dársele y cómo medirlo”.
Según Monge, hay mucha subjetividad para las sanciones y no se analiza las realidades del agro. Como ejemplo, puso Monge a los bananero o camaroneros que tengan más de 26 hectáreas. Ambos sectores pueden sufrir plagas o enfermedades, que destruyen y generan pérdidas económicas. “Solo por una plaga que causó daños y no cumplió los ingresos previstos será causal de una expropiación. Es una forma de destruir a los pequeños y medianos agricultores”.
El 95 % de los camaroneros tiene más de 25 hectáreas. El sector suma más de 170 000 hectáreas.
Los ganaderos no se quedan atrás. Vinicio Arteaga, de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, dijo que no hay intención de redistribuir la tierra sino de retacearla y buscar pretextos para expropiarlas. “Y todavía quieren pagar con bonos del Estado las expropiaciones. Esto es una locura ya que el sector agropecuario garantiza la seguridad alimentaria y cumple su función social”.
Los ganaderos sostienen que no se puede medir a todos por igual manera. En la Costa es normal que haya una vaca por cada hectárea pero en la Sierra puede encontrarse hasta cinco. Hay excepciones como en Manabí donde hay una vaca cada 10 hectáreas porque no hay mucho pasto.
Olsen dijo que esas diferencias no se incluyen en la propuesta. “Solo pedimos participar en un proyecto que incentive la producción pero en las áreas donde no hay cultivos que suman más de 11,3 millones de hectáreas”.
Los artículos más polémicos del ante proyecto de Ley de Tierras
La garantía de la propiedad privada de la tierra en el sector rural.
La propiedad sobre la tierra, en cualquiera de sus formas, está garantizada por el Estado mientras esta cumpla su función social y ambiental, como lo señala la Constitución.
Los temas de la función social y ambiental de la tierra que se usa en el agro.
Se cumple la función social y ambiental cuando la propiedad no es parte de proceso alguno de acaparamiento o concentración de tierras por encima de las 500 hectáreas.
Las modalidades de afectación que se aplicará a los infractores.
La afectación consiste en limitar total o parcialmente el derecho de propiedad sobre el terreno agrario que no cumpla con su función social y ambiental.
La expropiación que se debe aplicar en las áreas rurales del país.
Procede la expropiación cuando la superficie de la propiedad de una misma persona jurídica o natural exceda las 500 hectáreas en el momento que entre en vigor esta Ley.
Cómo serán los procedimientos para ejecutar la expropiación.
El procedimiento administrativo será iniciado por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Tierras a pedido de la Procuraduría Agraria o cualquier entidad o persona.
Lea el anteproyecto de la Ley de Tierras