Extrabajadores de Furukawa llegaron este jueves 12 de diciembre del 2019 hasta el Complejo Judicial de Santo Domingo; demandan justicia. Foto: Bolívar Velasco / EL COMERCIO
El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más recurrió a la Justicia. Este jueves 12 de diciembre del 2019 presentó una acción de protección, en el Complejo Judicial de la capital de Santo Domingo de los Tsáchilas, “a favor de las víctimas”, extrabajadores de la plantación y sus familias.
La medida fue adoptada “ante la impunidad” tras “casi dos años de las denuncias presentadas frente a varias instituciones del Estado por la situación de servidumbre y esclavitud”, señaló el Comité, integrado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y la Coordinadora Campesina.
Este jueves 12, extrabajadores que llegaron desde tres provincias de Ecuador se plantaron por más de seis horas en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Demandaban justicia, entre gritos, pancartas y carteles.
Foto: Bolívar Velasco / EL COMERCIO
Los afectados llegaron de Patricia Pilar (Los Ríos), Malimpia (Esmeraldas) y Plan Piloto (Santo Domingo) para presentar ante las autoridades judiciales una acción de protección. “Vengo en busca de una compensación por más de 35 años de trabajo”, reclamó Segundo Ruiz, quien trabajó hasta 2018 en uno de los predios de la empresa Furukawa, en Patricia Pilar.
Con el recurso legal pretende que se declare la vulneración al derecho a una vida digna, aseguró María Fernanda Poveda, abogada de la Cedhu y quien está al frente de la defensa de más de 100 extrabajadores. Según un documento del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, el 81% de estas familias vinculadas a esa firma vive en pobreza extrema, trabajo infantil, intermediación laboral niños y adultos sin inscripción de nacimiento, analfabetismo, inexistencia de servicios básicos, agua segura y de servicios higiénicos adecuados. Estos puntos fueron expuestos Poveda, luego de la presentación del recurso legal. Enseguida los extrabajadores, la mayoría afrodescendientes, insistieron en sus consignas contra la explotación laboral.
El Comité también recordó que los extrabajadores fueron sometidos a jornadas de más de 10 horas de labores, sufrieron mutilaciones y discapacidades durante la recolecta del abacá.
Segundo Ruiz ahora tiene 70 años. Es oriundo de Esmeraldas y hace tres décadas salió de la provincia en busca de una oportunidad laboral. Sus amigos cercanos le recomendaron que se involucrara en la cosecha de la fibra porque en ese entonces era la fuente de empleo rápida, para quien no tenía un trabajo. Él accedió en principio a trabajar en Plan Piloto, una zona que ahora pertenece al cantón La Concordia.
Recuerda que en las épocas navideñas “nunca nos dieron una funda de caramelo, tampoco una canasta”. Y enumera una lista de incumplimientos que hasta hace un año no recibió. “Nunca me llamaron a firmar un papel. Cada fin de mes sufría para que no me descontaran de mi dinero alguna cosa que no sabía para qué era. Con USD 180 era difícil sobrevivir”, cuenta. El Comité de Solidaridad Furukawa recordó que el Estado no ha cumplido con una respuesta concreta que se exigió, por dos ocasiones, a través del Sistema de Naciones Unidas. El ente escribió en las observaciones finales de noviembre: “se recomienda al Estado adoptar con carácter de urgencia medidas de protección y reparación integral, incluidas medidas de asistencia psicosocial a las víctimas y sanción de los responsables.
Luis Montaño también asistió a la concentración en Santo Domingo. Ahí recordó que estuvo vinculado a la empresa por 15 años en la zona de Malimpia, de Quinindé. Con impotencia dice que poco se ha avanzado en la recuperación de sus derechos. Él participó hasta agosto pasado en las mesas de diálogo con las autoridades de Furukawa y el Estado. “Lo único que se logró es que se vuelva a firmar un contrato de comodato. Pero eso seguía afectándonos porque no tenemos aún una reparación integral”.
