En Tungurahua, los empresarios carroceros presionan al Gobierno por medidas de protección para este sector. De lo contrario, aseguran, enfrentarán el cierre de negocios y despidos.
“En el Ecuador, 300 empresas carroceras serían afectadas si el Gobierno autoriza la importación de buses públicos”, explicó Ignacio Vargas, presidente de la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías del Ecuador.
El 60% de estas empresas, dijo, se encuentran en Tungurahua. Además, más de 6 000 trabajadores se quedarían sin empleo.
Según Vargas, la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, envió el 17 de septiembre un oficio a Alberto Arias, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Urbanos, en el cual anuncia que el Gobierno aplicará la liberación arancelaria para importar vehículos de transporte público urbano.
Un texto similar, dijo Vargas, consta en el Plan Renova.