César Litardo, presidente de la Asamblea, junto a María Paula Romo, ministra del Interior, y el canciller José Valencia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El Ejecutivo dio el primer paso para impulsar una reforma integral a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en vigencia desde el 2017.
El canciller José Valencia y la ministra del Interior, María Paula Romo, entregaron ayer 30 de julio del 2019 la propuesta al presidente de la Asamblea, César Litardo, conforme al anuncio realizado por el primer Mandatario, Lenín Moreno, el jueves pasado.
La reforma vuelve a traer a debate los criterios que hubo cuando se expidió esa norma y la propia Constitución de 2008, que propugna el principio de ciudadanía universal.
Así, en la exposición de motivos, la propuesta alude a que “el ejercicio del derecho a la libre movilidad ha encontrado múltiples inconvenientes derivados tanto del contexto nacional como del internacional”.
La ministra Romo adujo que esta “flexibilidad”, lejos de cumplir con su objetivo, “convirtió al Ecuador en un lugar atractivo de paso para la trata de personas”.
La funcionaria aludió al ingreso de 2 044 cameruneses que no han abandonado el país. Pero no es la alerta más grave, pues hace dos semanas reveló el caso de tres integrantes del grupo terrorista Estado islámico que, luego de ingresar al continente por Ecuador, fueron capturados el 26 de junio pasado en Nicaragua. Se iniciaron las investigaciones para conocer cuánto tiempo estuvieron en el país.
La reforma incluye cambios en los requisitos generales para obtener la residencia temporal o permanente en Ecuador. También precisa una definición para que una persona sea considerada como turista.
“Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades laborales o económicas”, indica.
Además, Romo informó que se revisará la exigencia de visa con algunos países, que serán definidos con base a la reciprocidad y riesgos contemplados del intercambio de información entre el Ministerio del Interior y la Cancillería.
De acuerdo con información oficial, actualmente solo los ciudadanos de 11 países requieren de visa para ingresar a Ecuador: China, Afganistán, Bangladesh, Eritra, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia y Senegal.
Romo explicó que los cambios apuntan a optimizar los procesos de deportación de ciudadanos extranjeros que cometan delitos, pues señaló que este proceso resulta engorroso en la actualidad y toma entre 6 y 8 meses.
Entre los cambios planteados también consta la revisión del capítulo que alude al tratamiento de los ciudadanos de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que está en fase de desintegración.
De allí que la revisión consistirá básicamente en “eliminar” de la ley cualquier referencia o privilegio a la Unasur, aunque Ecuador respetará los acuerdos bilaterales de exención de visa que tiene con países de la región o como parte de otras organizaciones, precisó Valencia.
En marzo, el Gobierno anunció que abandonaba la organización. Sin embargo, todavía está pendiente una autorización de la Asamblea Nacional para que esto se concrete.
En estos momentos, de sus 12 miembros originales, solamente quedan en la Unasur Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guayana y Surinam.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a priorizar el tratamiento de esta reforma. Dijo que el Parlamento debe velar también “por la seguridad ciudadana”, para que “los ecuatorianos tengan una posibilidad de tener un país seguro”, sin dejar de recordar que Ecuador es “un país con una tradición migrante”.
El canciller Valencia explicó que los ciudadanos venezolanos que cuentan con las visas de Unasur podrán aplicar para una visa humanitaria. Las autoridades anunciaron que en 15 días arrancará el registro de los migrantes venezolanos que están en el Ecuador.