Huaquillas, frontera sur del Ecuador. Cruce de ciudadanos de Venezuela hacia Perú. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Ecuador debe tomar decisiones frente a la ola migratoria que se origina en Venezuela, pero las opciones se ven limitadas por el marco legal vigente.
Así lo reconoció este viernes 7 de junio del 2019 el vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner, un día después de que Perú anunciara que desde el 15 de junio requerirá visa y pasaporte para el ingreso de ciudadanos venezolanos a su territorio.
Sonnenholzner comentó que se ha reunido con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Acnur está apoyándonos para ver cómo damos otro enfoque a esta crisis”.
El Segundo Mandatario explicó que hay dos elementos claves en análisis: la viabilidad de un visado humanitario para los ciudadanos venezolanos, y valorar si se califica a esta migración como una crisis de refugiados para lograr más apoyo internacional.
La alta comisionada adjunta de Acnur, Kelly Clements, pudo constatar -en una visita realizada esta semana- la situación que se vive en el principal paso que conecta a Ecuador y Colombia.
Clements refirió que “sigue habiendo un gran número de ciudadanos venezolanos que cruza diariamente” y que solo el día previo a su visita a la frontera lo hicieron 2 000.
Entre los perfiles del desplazado, afirmó que la Agencia ha detectado casos que se enmarcan en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, como defensores de derechos humanos, periodistas u otras condiciones que les han complicado su permanencia en la República Bolivariana.
El refugio es una condición que brinda un Estado a una persona que demuestra que fue forzada a salir de su país. Pero quienes reciben ese estatus no pueden abandonar el territorio, como sí pueden hacerlo los extranjeros que acceden a visas de trabajo.
Las solicitudes de refugio que llegan a la Cancillería ubican a los venezolanos en segundo lugar pero, según organizaciones, son muy pocos quienes obtienen el documento. De los 67 000 extranjeros que tienen ese estatus, 98% es de Colombia.
En agosto del año pasado, el Gobierno dispuso que se requiera pasaporte y antecedentes penales a ciudadanos venezolanos para su ingreso al país. Pero la medida se suspendió a raíz de que la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil acudieran con una demanda a la Corte Constitucional, que aún no se resuelve.
La opción de implementar una visa humanitaria, en cambio, sigue en análisis de la Cancillería ecuatoriana.
Mientras, en la Asamblea se debaten ocho proyectos para reformar la Ley Movilidad Humana, vigente desde el 2017.
Principalmente, los cambios están encaminados a facilitar los trámites, estadía y seguridad para extranjeros en Ecuador y para ecuatorianos en el exterior. No topan la posibilidad de exigencias de requisitos para entrar al país.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad es la encargada de preparar un informe para su debate en el Pleno del Parlamento.
De acuerdo con su titular, Fernando Flores (Creo), hasta ahora no ha llegado un planteamiento específico de reforma con el objetivo de dar luz verde al pedido de requisitos para ingresar a Ecuador.
Pero el tema inquieta al embajador de Venezuela en Ecuador, René De Sola, designado por Juan Guaidó, presidente interino de ese país.
Ayer, el diplomático anunció que la próxima semana se iniciarán rondas de reuniones con representantes de distintos organismos de Ecuador para conocer los alcances de los cambios en dicha Ley.
Aunque dijo que será una decisión soberana de Ecuador, espera que con la propuesta se flexibilicen los requisitos para que sus conciudadanos se regularicen en territorio ecuatoriano.
Entre ellos mencionó la exoneración de tasas, porque un ciudadano de ese país requiere USD 250 para lograr una visado actualmente.
Organizaciones de migrantes venezolanos celebraron este viernes que Guaidó decidiera extender los pasaportes de sus connacionales por cinco años más luego de su vencimiento y pidieron a Ecuador su reconocimiento.
Una de las propuestas de reformas a la Ley de Movilidad es impulsada por la legisladora correísta Esther Cuesta, quien hasta mediados de mayo pasado ocupó la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Su planteamiento apunta a que para ser residente temporal o permanente, el migrante no debe ser un “riesgo para la seguridad nacional”.
A esa propuesta se suma la que está siendo preparada por el legislador Fabricio Villamar (Creo), otro de los integrantes de esa mesa legislativa.
Villamar cree que el país, en términos laborales y económicos, no puede aguantar una masiva migración tras la vigencia de visado en Perú.
Cifras del Ministerio del Interior revelan que 285 184 venezolanos no registraron su salida entre el 2015 y los cinco primeros meses del 2019. De ellos, 39 231 se habrían quedado de enero a mayo de este año.
Asimismo, entre 60 000 y 80 000 son personas que no están en edad de trabajar. Pese al alto número, apenas 25 413 ciudadanos de Venezuela están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de acuerdo con datos con corte hasta el 6 de junio.
La explotación laboral es otro de los temas que se debe afrontar.
