La edil Jeannine Cruz llegó resguardada a la audiencia de juzgamiento el lunes en la Unidad Judicial Penal de Loja. Foto: Cortesía: Diario Crónica de Loja
Es el segundo caso en el país. En 52 días, dos personas han sido condenadas a cárcel por expresiones emitidas a través de las redes sociales.
La tarde del lunes pasado, la concejala lojana, Jeannine Cruz Vaca, fue sentenciada a 30 días.
En cambio, el 13 de noviembre pasado, al dirigente político Sebastián Cevallos lo condenaron a 15 días en Cuenca.
Ambos fueron demandados por una autoridad y una funcionaria pública, que se ampararon en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia en agosto del 2014.
De acuerdo con el COIP se trata de una contravención de cuarta clase y sanciona con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días a la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.
Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto.
La demanda contra Jeannine Cruz fue interpuesta por el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, en octubre del año pasado.
Todo comenzó un mes antes, cuando Cruz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter y un video en YouTube cuestionando la emergencia decretada por el Burgomaestre al Plan Maestro de Agua Potable de Loja.
Una parte de la primera audiencia de juzgamiento se cumplió el pasado 29 de diciembre en la Unidad Judicial Penal de Loja y se retomó la tarde del lunes pasado.
Al término de esta, que duró casi tres horas, el juez Oswaldo Saritama sentenció a Cruz a 30 días de cárcel y al pago del 25% del salario básico.
Ayer EL COMERCIO habló con el alcalde Castillo y dijo que la demanda no fue exclusivamente para defender su buen nombre, sino para sentar un precedente en el país. “Para que se entienda –en Loja y en el Ecuador- que el canibalismo político no es la vía para dirimir las discrepancias. Lo que publicó (la concejala) Cruz es una ofensa calumniosa”.
En cambio, para Cruz, esta vez el Burgomaestre deja sentado un mal precedente porque atenta contra la libertad de expresión y opinión. “Le está diciendo a los ecuatorianos que sí persigue a los ciudadanos que discrepan y que le tiene miedo a la labor fiscalizadora de una concejala”.
Según Cruz, dentro de las pruebas periciales, el Burgomaestre presentó un tuit con un mensaje cortado, y en la audiencia a ella tampoco le permitieron argumentar las razones por las que publicó esos mensajes.
En el video adjunto, ella cuestiona que la declaratoria de emergencia se emitiera sin que lo haya conocido y aprobado el Concejo Cantonal.
Cruz califica esta demanda como una persecución política, porque ha “denunciado más de 12 procesos de fiscalización documentada”.
Cuando se le preguntó si el tuit afectó su imagen, Castillo respondió: Acá la gente me conoce (…) Por mis manos habrán pasado cientos de millones de dólares, a mí no se me ha quedado ni el sueldo completo”.
El caso del político y tuitero Sebastián Cevallos, en cambio, empezó en julio pasado después de que publicara en su cuenta la supuesta presencia de varios familiares del entonces ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, en entes públicos. En esa ocasión, Carrasco lo desmintió y amenazó con demandarlo. Pero, al final, la acción fue interpuesta en agosto pasado por Paula Francisca Rodas, sobrina política de Carrasco y funcionaria del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desde el 2008.
Tres meses después del trámite, el dirigente del Movimiento Unidad fue sentenciado a 15 días de cárcel, pero el fallo está en apelación.
Cevallos pidió la aclaración de la sentencia. Él asegura que sus mensajes están documentados y que todos los funcionarios nombrados son familiares del exministro Carrasco. “Apelaré cualquier fallo negativo. Será un honor ir a la cárcel diciendo la verdad”.
La concejala Cruz también espera la sentencia por escrito para apelar la condena.
Para el jurista Carlos Castro, esta figura legal hace daño al país, porque es aplicada desde el poder político. “La labor de los concejales es fiscalizar. Estas demandas son una consecuencia de lo que se ha venido denominando un estado intervencionista”.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.)señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión y que no se le puede coartar.
