El Municipio de Quito trabajará con los constructores para mejorar los sistemas informáticos y reducir los largos y engorrosos trámites que los constructores deben cumplir previo a la entrega de viviendas a los clientes.
Estos procesos suponen, según la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), demoras de hasta un año, en promedio, lo cual genera costos que paga al cliente final.
El tema se trató ayer en un taller convocado por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, donde participaron gremios y gerentes de inmobiliarias.
Ambos sectores identificaron cinco cuellos de botella.
El primero y el que mayor preocupación genera son las normativas para la aprobación de planos y la legalización final previa a la firma de escrituras con los clientes.
Sobre ello, la Camicon pide revisar la Ordenanza 156, la cual estableció que la Declaratoria de Propiedad Horizontal se habilita solo luego de obtener el Certificado de Conformidad de Finalización de la obra y el Permiso de Habitabilidad de los bomberos.
Antes de esto, la Propiedad Horizontal se podía obtener con solo registrar los planos en el Municipio, pero ahora el proyecto inmobiliario debe estar terminado en un 100%.
Con ello, el cliente solo puede mudarse una vez que se termine el proyecto, lo cual demora la recuperación de la inversión realizada por el constructor.
Mauricio Cattani, director del sector inmobiliario de la Camicon, explicó que solo luego de estos pasos, el cliente puede solicitar, de necesitarlo, el préstamo hipotecario con el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que supone una demora adicional de seis meses en promedio.
El segundo punto conflictivo es la falta de sistemas de información que permitan realizar trámites en línea y conectar al Municipio con otras entidades.
El tercero, son los procesos y trámites donde se incluyen, por ejemplo, la obtención de permisos ambientales, elaboración de complejos estudios de movilidad para ciertos proyectos, aprobación de planos, entre otros.
El cuarto y quinto cuellos de botella son los catastros municipales y los documentos relacionados con el Registro de la Propiedad, respectivamente.
Estas demoras generan costos al sector, insistió Cattani.
El Municipio reconoció, en parte, las demoras y las atribuyó en ciertos casos a que muchos funcionarios municipales son nuevos y desconocen aún los nuevos trámites, falta de un sistema informático, entre otros, según dijo Alberto Rosero, secretario de Hábitat y Vivienda del Municipio.
Sin embargo, señaló que algunos procesos también tardan por temas propios de los constructores. Citó el ejemplo del proceso de aprobación de planos, donde hasta un 60% de trámites incumple estudios de ingeniería, aspectos técnicos de los planos, etc.
Rosero expresó que el Municipio está abierto a revisar la normativa, capacitar al personal, mejorar sus procesos informáticos y otras acciones para reducir los tiempos.
Rodas, por su parte, indicó que espera realizar estas mejoras en un plazo de 100 días.
Constructores y autoridades municipales están conscientes de las dificultades que supone la aprobación de proyectos inmobiliarios. Para ello se conformaron cinco comisiones que analizarán los principales problemas que afectan el desarrollo inmobiliario en la ciudad, en la cual se genera el 40% de las ventas de viviendas ofertadas en el país.
Estos grupos de trabajo, conformados por autoridades municipales y constructores, deberán elaborar propuestas de mejoras a los procesos para reducir los tiempos.
Las demoras en los trámites han generado malestar entre constructores y clientes. Fernando Rosero, quien se dedicaba a promover proyectos inmobiliarios, dejó la actividad debido a los engorrosos trámites. “Llevaba ya varios meses tratando de obtener los permisos de construcción, mejor abandoné la actividad”.