10 de septiembre de 2018 00:00

Ecuador tiene 36 procesos legales activos en su contra

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Mayra Pacheco

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El Estado ecuatoriano afronta 36 procesos legales en su contra en cortes extranjeras. Entre estos se encuentra el caso Chevron 3, que en un laudo parcial que se conoció el pasado viernes (7 de septiembre del 2018), fue resuelto en favor de esta firma privada. Aunque aún no se ha establecido un monto.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la etapa para determinar el monto de la indemnización que se deberá pagar a esta petrolera internacional se iniciará en 90 días. Sin embargo, la entidad analiza las acciones que tomará respecto del laudo parcial que emitió el tribunal arbitral de La Haya.

En este fallo se resolvió que Ecuador es responsable por denegar justicia. Por esta razón ordenó al Estado, entre otros, indemnizar a la petrolera y dejar sin efecto el dictamen de la Corte de Lago Agrio, de febrero del 2011, que se obtuvo -según el laudo- de manera fraudulenta.

La Corte de Lago Agrio determinó que Chevron -que operó como Texaco en Ecuador entre 1964 y 1992- debía pagar USD 9 500 millones para indemnizar a los pobladores de la Amazonía, por los perjuicios causados.

Los pobladores de la Amazonía, quienes demandaron en el 2003 a Chevron (Texaco) por contaminación ambiental, tienen previsto hoy, lunes 10 de septiembre del 2018, a las 11:30 exponer su postura sobre el laudo emitido por el tribunal internacional.

Aparte de este caso, en cortes internacionales Ecuador tiene otros procesos activos que están en litigio. Estos representan, en total, un valor reclamado de USD 13 741 millones, según información entregada el fin de semana por la Procuraduría a este Diario.

Para Fausto Ortiz, exministro Finanzas, estos montos son contingentes que tiene el Estado. Una vez que se cumplan con los procesos y exista un fallo en firme se deberán buscar los mecanismos para afrontar estos potenciales gastos.

Los casos que se ventilan en cortes internacionales corresponden a acciones legales presentadas por firmas privadas en el sector hidrocarburífero, eléctrico, comercial, patrimonio cultural. También hay controversias relativas a minería, banca, construcción, telecomunicaciones, propiedad intelectual y otros, refiere la PGE en su Informe de Gestión.

Además, se han presentado 27 notificaciones de arbitraje.
En el sector petrolero, los procesos que más atención han concitado son Oxy, Burlington, Perenco, Ecuador TLC y otros. Los dos últimos, por ejemplo, han significado pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano.

El caso de Ecuador TLC y otros fue resuelto a favor de los reclamantes en enero del 2018, porque, según el tribunal, el Estado incumplió con los contratos modificatorios que suscribió con esta firma al no seguir el procedimiento pactado para su liquidación. Esta firma operó en el bloque petrolero 18 y el campo unificado Palo Azul hasta noviembre de 2010.

Por esto, se resolvió que Ecuador pague a la firma privada USD 515,7 millones. De estos se debía descontar USD 644 313 a favor del Estado porque hubo reversión de bienes incompleta y por el sobre levante del petróleo.

Pero tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, en marzo pasado, se fijó como valor de pago USD 507,7 millones. Y producto del acuerdo, el Estado ecuatoriano retuvo USD 189 millones, para cancelar así las obligaciones tributarias que tenía pendientes la compañía en el Ecuador. Este monto también comprende el valor de las utilidades derivadas de los procesos tributarios.

Finalmente, el saldo del monto del acuerdo fue cancelado por Ecuador en tres cuotas, hasta el 30 de mayo de este año. Y así se puso fin a una controversia que databa del 2010.

Otro de los casos que implicó que Ecuador incurriera en gastos no previstos fue Oxy. En el 2016, el Ciadi resolvió que Ecuador debía pagar a esta petrolera USD 980 millones, luego de que en el 2006 cancelara el contrato que mantenía con esta compañía privada.

La caducidad se produjo, según Ecuador, porque la petrolera vendió sin autorización el 40% de las acciones que mantenía en el bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha, a la canadiense Encana, en agosto del 2000.

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