Los espacios de tensión entre el Gobierno central y los Autónomos Descentralizados (GAD) se han multiplicado a raíz de las elecciones del 23 de febrero.
Ese día, si bien Alianza País se mantuvo como la primera fuerza electoral a nivel de prefecturas, retrocedió considerablemente en las principales alcaldías del país.
A medida que las nuevas autoridades asumían sus cargos, la crítica del oficialismo sobre la gestión local ha sido notoria.
Primero cuestionó el crecimiento poco planificado de las ciudades. Con ese argumento anunció el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.
Algunos burgomaestres se quejaron por una posible disminución de su autonomía. Sin embargo, el oficialismo enfatizó que eso era en defensa de la protección de los espacios de las ciudades y que la ley no les despojará de su libertad de ejecución.
Posteriormente, Correa puso en debate la enmienda para una reelección indefinida, como una medida para frenar “la restauración conservadora”, que a juicio de Alianza País existe en ciertas ciudades.
En los últimos días, Correa habló de “inaugurar la verdadera autonomía municipal”. Y para ello dijo que se reducirán los recursos que, por fuera de las asignaciones de ley, el Régimen ha ofrecido a los GAD.
Desde su visión, los cabildos no son del todo independientes, ya que las obras que buscan hacer y los servicios que prestan se deben en parte a los ingresos del Gobierno central y no a lo que estos deben generar.
Para el analista Tito Quinteros, con la eliminación de esta suerte de subvenciones el Mandatario pretende tener injerencia en los municipios grandes, desde la parte económica. Coincidencialmente, habla de las tres ciudades donde Alianza País perdió el 23-F: Quito, Guayaquil y Cuenca.
Correa alentó la construcción del tranvía en el 2012, cuando su coiderario, Paúl Granda, era el alcalde de Cuenca. En ese entonces, felicitó al Burgomaestre y comprometió el aporte económico para el tranvía. Lo mismo ocurrió con el proyecto del Metro de Quito, concebido por su aliado Augusto Barrera, oferta de la pasada campaña electoral.
El actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, evita comentar sobre las recientes declaraciones del Presidente. Pero recuerda que el compromiso que el Régimen hizo sobre el impulso del Metro fue con Quito y no con un determinado alcalde, “por lo que debe cumplir”. “Es un compromiso público y notorio, y que en múltiples ocasiones se ha reiterado, así que yo creo que su cumplimiento debería estar fuera de duda”.
Precisamente, el Presidente dijo el martes pasado que va a cumplir con su ofrecimiento económico para estos dos proyectos en Quito y en Cuenca, con USD 125 millones. Pero ya no dará más dinero para otros planes municipales ni para “subsidiar agua potable ni alcantarillado ni asfaltado”.
Esto preocupa a los municipios pequeños como el de Santa Lucía (Guayas), ya que el 80% del agua potable es aporte comprometido por el Gobierno central. Su alcalde, Miguel Solórzano, cree que si le quitan esa ayuda no podrá trabajar en las obras para mitigar el fenómeno de El Niño.
Este cantón tiene un presupuesto anual de USD 540 000 y cree que podría pedir al Ministerio de Finanzas incrementarlo a USD 1 millón.
Solórzano señala que la decisión del Presidente perjudicará a los que son y no del oficialismo. Este Alcalde es de Alianza País y le preocupa la situación de municipios que no tienen las mismas rentas que Guayaquil.
Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de esta ciudad, advierte que la eliminación de esos recursos afectará más a los pequeños, pues Guayaquil genera sus propias rentas. Decisiones como estas “podrían generar migración hacia Guayaquil”.
Según datos del Ministerio de Finanzas, las asignaciones que reciben los GAD se han triplicado. En el 2006 recibían USD 1 297 millones y en este año 3 158 millones. El Gobierno central aporta con USD 720 millones adicionales en subvenciones y convenios sectoriales a distintas ciudades.
Para disminuir esta ayuda, Correa dice que dará a los municipios competencias e instrumentos propios como cobrar impuestos. Estos proyectos están a cargo del Consejo Nacional de Competencias, según Henry Cucalón (PSC).
El alcalde Rodas se mantiene en que Quito debe racionalizar el cobro de sus impuestos para ser una ciudad más competitiva a nivel regional. Esta es una posición diferente a la que plantea el Gobierno.