El ministro Iván Ontaneda (c) dio una rueda de prensa la mañana de este martes 3 de diciembre del 2019. Foto: Tomada del Twitter
El Gobierno Nacional y el sector privado anunciaron el Plan de Acción que ejecutarán para revertir la sanción de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea y proteger las exportaciones atuneras a este bloque.
El anuncio se realizó la mañana de este 3 de diciembre del 2019, en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil.
Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, indicó que esta es la primera respuesta oficial de Ecuador hacia la Comisión Europea. “Tenemos una hoja de ruta clara y articulada con el sector privado que nos permite cuantificar los tiempos y los plazos para salir de este llamado de atención“, señaló.
Además, añadió que para la ejecución de este plan, que será entregado la próxima semana a las autoridades europeas, el país se destinará USD 18 millones.
La acción se enmarca, principalmente, dentro de la estrategia para el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Monitoreos satelitales y análisis de la base de datos de industrias atuneras son dos de los puntos principales del plan.
Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, indicó que se ha conformado un comité de crisis entre el gremio pesquero e industrial y las entidades gubernamentales para idear acciones que vayan alineadas a la protección de las exportaciones de atún.
Ecuador es el primer país exportador de atún en el Pacífico Oriental. Las ventas hasta septiembre del 2019 reflejaron USD 1 121 millones representando, el 13% del total de las exportaciones no petroleras del país.
En febrero del 2020, una delegación ecuatoriana viajará hasta Europa para reunirse con las autoridades del bloque y para marzo se espera la llegada de observadores de la UE para revisar el cumplimiento.
La ‘tarjeta amarilla’ fue emitida el pasado 30 de octubre tras detectar deficiencias en el país andino para garantizar que sus exportaciones al bloque europeo no provengan de actividades de pesca ilegal.