Delegados de 13 países discutieron sobre el éxodo masivo de venezolanos, de manera reservada, en Cancillería. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El costo que representa para la región la atención a la ola de migrantes provenientes de Venezuela centró el debate de la segunda cita internacional en materia de movilidad humana, que se desarrolló en Quito entre el jueves y ayer (22 y 23 de noviembre del 2018).
A la reunión acudieron delegados de 13 países, principalmente de América Latina, observadores, representantes del sistema de Naciones Unidas, así como organismos internacionales y financieros.
En ese marco, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, precisó que si bien la región no tiene una cifra global sobre el costo de esta crisis migratoria, en el caso de Ecuador se requiere de unos USD 550 millones para atenderlos.
Ese monto, que fue calculado por el Banco Mundial (BM) a pedido del Gobierno, es el que permitiría cubrir las necesidades de los migrantes en ámbitos como educación, salud, vivienda e inserción laboral a corto y mediano plazos.
El funcionario anunció que para el 30 de noviembre próximo Ecuador prevé instalar una Mesa de Donantes, a la que invitará a Estados Unidos, Canadá, Catar, a los países de la Unión Europea, entre otros.
Explicó que la idea es “sensibilizar a la comunidad internacional sobre los grandes esfuerzos que viene realizando el Ecuador desde hace más de dos décadas en el tema migratorio” para atender con recursos propios, por ejemplo, a los desplazados de Colombia.
De acuerdo con cifras de la Cancillería, entre 2014 y 2018, ingresaron más de 1 200 000 venezolanos, de los cuales entre 230 000 y 250 000 permanecían en Ecuador hasta el 31 de octubre pasado. A más de 97 000 se les ha otorgado visas.
Participantes en la cita le comentaron a este Diario que las autoridades comentaron que Ecuador ya ha recibido unos USD 20 millones de la cooperación internacional para atender esta contingencia, mientras el Gobierno Nacional ha destinado USD 10 millones de recursos públicos.
A inicios de este mes, el Banco Mundial entregó los resultados de un estudio similar para Colombia, el país que acoge el mayor número de emigrantes venezolanos (1,2 millones) ya que comparte una frontera terrestre de 2 219 kilómetros con Venezuela.
En ese caso, la entidad determinó que los efectos de la prestación adicional de servicios y fortalecimiento institucional para atender al éxodo de venezolanos puede suponer para el país vecino un gasto de entre el 0,23 y el 0,41 % de su Producto Interior Bruto (PIB).
De allí que la delegación colombiana insistió en la propuesta realizada a finales de septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre la necesidad de crear un fondo regional que permita gestionar recursos para responder a la crisis migratoria venezolana.
Además del BM, esta idea fue puesta en conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para que se apliquen mecanismos como “créditos blandos”, con bajos intereses y fondos no reembolsables.
Las discusiones se desarrollaron a puerta cerrada en la sede de la Cancillería, sin la presencia de delegados de Venezuela, como ocurrió en la primera reunión de este tipo que tuvo lugar hace dos meses.
El coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Pablo de la Vega, al terminar la reunión se lamentó de que no se haya propiciado una mayor participación de la sociedad civil.
Explicó que tampoco se profundizó en propuestas que permitan solucionar el problema de la falta de documentación de muchos migrantes venezolanos. “En ese tema no se ven avances sustantivos”.
Al concluir la jornada se aprobó un Plan de Acción que no fue suscrito por todos los países que participaron, como fue el caso de Brasil y de México, bajo el argumento de que atraviesan una transición de sus gobiernos. Tampoco lo hizo Panamá.
El documento plantea “fortalecer las iniciativas que dentro de la temática de migración y desarrollo vienen implementando los países de la región, para una adecuada inserción económica y social de los nacionales venezolanos, que contempla procesos de normalización migratoria de acuerdo con las posibilidades y legislación de cada país de acogida”, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas.
Además, encomendaron a Eduardo Stein, representante especial conjunto del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) para que dialogue con el Gobierno venezolano, a fin de buscar una respuesta a la crisis.
Entre Ecuador y Venezuela la relación se mantiene tensa, después de que el mes pasado fueran expulsadas la Embajadora venezolana en Quito y la Encargada de negocios ecuatoriana en Caracas.
En contexto
Por segunda vez consecutiva, el gobierno de Nicolás Maduro no envió a delegados a la cita migratoria en Quito. A diferencia de la primera que se dio en septiembre, tampoco participó Bolivia, país en el que estos dos últimos días se organizó una cumbre similar.