Joel Simon (izq), director ejecutivo del CPJ, indicó que el Ecuador “vivió un período oscuro” para el periodismo en los últimos años. Foto: EFE
Una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) estuvo en Ecuador evaluando la libertad de prensa e investigando las restricciones y amenazas a medios y profesionales. La comitiva se encontró en el país hasta este viernes, 16 de marzo del 2018, nueve meses después de que Rafael Correa entregara el Gobierno a Lenín Moreno.
En su informe publicado hoy, el organismo internacional señala que“el Gobierno de Ecuador se comprometió el miércoles en una reunión con el Comité para la Protección de los Periodistas a reformar la Ley de Comunicación este año e invitar a expertos internacionales a visitar el país y analizar el cumplimiento de Ecuador con los estándares legales internacionales”.
Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, indicó que el Ecuador “vivió un período oscuro” para el periodismo en los últimos años. Añadió que el expresidente Rafael Correa “insultó a periodistas que criticaron su desempeño”. Y esto ocasionó el debilitamiento del periodismo y de la sociedad civil en el país.
El CPJ pidió la total derogación de la Ley de Comunicación, pero dijo que acogería con agrado “cualquier cambio que mejoraría significativamente el clima de libertad de prensa en Ecuador”.
Entre las conclusiones a las que llegó la delegación del Comité está el hecho de que con el nuevo Gobierno, según lo relatado por varios periodistas con los que se reunieron, el ambiente ha cambiado, puesto que hay mejores condiciones para el trabajo de la prensa, y los funcionarios tienen mayor apertura con la periodistas.
Sin embargo, los delegados de la CPJ mostraron su preocupación porque el sistema que fue creado durante el Régimen anterior, con la creación de una Ley de Comunicación, el establecimiento de sanciones y la estructura de la Superintendencia de Comunicación(Supercom), sigue vigente y puede ser vuelto a utilizar por las autoridades en cualquier momento.
Pero esperan que el Gobierno concrete su ofrecimiento de reformar la Ley de Comunicación para, entre otras cosas, eliminar la Supercom y varias figuras legales que consideran represivas como el linchamiento mediático y la censura previa por omisión.
Los integrantes de esta delegación se reunieron también con Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Él les informó que el presidente Lenín Moreno, en las próximas semanas, enviará una carta de invitación a los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kayle; y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanzq, para que colaboren con el proceso de reformas.
Según el texto del CPJ, el Secretario Nacional de Comunicación “Michelena reconoció que el gobierno del expresidente Rafael Correa había dañado severamente la libertad de prensa en Ecuador, y que la Ley de Comunicaciones de 2013, comúnmente conocida como ley mordaza, había restringido el trabajo de los periodistas”.
César Ricaurte, integrante del grupo estratégico para las reformas a la Ley de Comunicación, dijo que espera que el proceso se concrete en un máximo de seis meses, contando desde marzo; es decir, la aspiración es que en septiembre entre en vigencia la nueva ley y aseguró que todos los grupos que están participando en el diálogo con el Gobierno ya tienen varios acuerdos para los cambios legales, como la eliminación de la Superintendencia.
En contexto
CPJ planea publicar un informe detallado sobre sus hallazgos en Ecuador en los próximos meses.