La nueva Ley de Drogas desata una confusión

En agosto, policías registraron en Quito a personas que presuntamente eran expendedores. Foto: El  comercio

En agosto, policías registraron en Quito a personas que presuntamente eran expendedores. Foto: El comercio

En agosto, policías registraron en Quito a personas que presuntamente eran expendedores. Foto: El Comercio

Horas después de aprobarse la Ley de Drogas surge un primer conflicto: la tabla de dosis máximas de consumo, que está vigente desde el 2013, se contrapone con la tabla que regula el tráfico de narcóticos.

Es decir, con la nueva Ley, un consumidor puede ser confundido con un microtraficante e ir a la cárcel hasta por tres años.
Un ejemplo: en la tabla de consumo se señala que una persona puede portar hasta 2 gramos de pasta base de cocaína y no ser detenida, pues se entiende que es dependiente de esa sustancia.

Pero la tabla que sanciona el tráfico de drogas determina el mismo peso (2 gramos para pasta base) como indicio de que es microtraficante y puede ir a la cárcel hasta tres años. Ese conflicto ocurre también con la cocaína y la heroína.

El propio Consep, organismo que también quedó eliminado en la nueva Ley, reconoce este dilema. Ayer (2 de octubre de 2015), en una entrevista con EL COMERCIO, Rodrigo Vélez, secretario ejecutivo de esa institución, dijo que solicitó una reunión con las autoridades que integran el Consep para ratificar las dosis máximas fijadas el mes pasado en la tabla de tráfico o para modificarlas.

La idea es que esos valores no discrepen con la tabla de consumo, como sucede en este momento.

No fue el único pronunciamiento. Por la tarde, a través de un comunicado oficial, Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador, sostuvo que “con la nueva tabla ya no existe una clara frontera entre las cantidades aceptadas para el consumo y las cantidades establecidas para el tráfico”. Y advirtió que “es probable que se lleve a las cárceles a los consumidores”.

Dijo que para evitar estas situaciones propondrá, en la próxima Mesa de Justicia, que se envíe un mensaje a los jueces y fiscales “para que no se utilice excesivamente la prisión preventiva”.Incluso pedirá la elaboración de protocolos e instructivos “claros”, para que la Policía realice investigaciones “adecuadas”.

Actualmente, para diferenciar al consumidor del microtraficante se pide un examen psicosomático, que analiza el grado de dependencia a una droga. De esta manera, si se detecta la adicción, el juez puede ordenar su libertad y sugerir el internamiento en un centro.

Vélez cree que el trabajo de los uniformados es clave para discernir si una persona consume o se dedica al expendio.
“Si ven a un ciudadano con  6 gramos de marihuana (que es menos de la cantidad máxima admisible para consumo), en una esquina, entregando sobres y recibiendo dinero, pues no hay que preguntar si es consumidor. En este caso estaría claro que no lo es”.

Los agentes incluso tienen otras herramientas, como las interceptaciones telefónicas, investigaciones encubiertas o el
1 800 delito, para detectar mafias dedicadas al microtráfico.

Los policías saben que las redes especializadas en este delito están al tanto de todos los cambios legales. Eso lo advirtieron en mayo pasado, en una incursión antidrogas ejecutada en Quito. Allí, los uniformados detectaron que la organización delictiva se ceñía a la tabla de tráfico del Consep para operar.

Es decir, los sospechosos salían a las calles con dosis mínimas permitidas y así evitaban ser encarcelados.

Luego de que los integrantes vendían estas dosis volvían a “casas de acopio”, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, y llevaban más droga, pero nunca en cantidades elevadas.

La captura de 22 supuestos integrantes no se concretó, porque Antinarcóticos los descubrió vendiendo dosis de estupefacientes en las calles, sino luego del decomiso de 400 kilos de marihuana en un barrio de Quito. “Fue un trabajo de Inteligencia”, advertía horas después un agente que intervino en esa operación.

Al igual que Pazmiño, en la Asamblea hay legisladores que creen que el endurecimiento de las penas aprobadas el jueves solo aumentará el número de presos en las cárceles .

Dentro del propio bloque de Alianza País hay quienes tienen ese criterio, entre ellos Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. Para él, la tabla de tráfico del Consep y la acumulación de penas por casos de drogas aprobada por el Consep son suficientes para combatir la venta al menudeo.

De hecho, el endurecimiento o no de las penas generó polémica dentro de AP. Ayer, el presidente Rafael Correa agradeció a los asambleístas de su partido por apoyar su tesis, pues fue él quien propuso aumentar las sanciones contra los microtraficantes.

Suplementos digitales