El superintendente Carlos Ochoa. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Cada día, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) recibe tres informes sobre los contenidos noticiosos y de opinión que se generen en los medios impresos, radiales y televisivos deQuito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.
Cada informe debe incluir la información de la jornada sobre las “alertas matrices” de la institución: información relacionada con la Supercom, el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y la Secretaría de Comunicación (Secom); noticias sobre las violaciones a la Ley de Comunicación, y notas “de interés general, como las intervenciones del Presidente en el país y en el exterior”.
El análisis de estos informes está a cargo de la Intendencia Técnica de la Información y Comunicación que, a su vez, se divide en cuatro intendencias nacionales y 10 direcciones nacionales. Estas se encargan de la vigilancia y control de los medios, monitoreo, procesamiento y análisis de contenidos, acceso a derechos, seguimiento de espacios…
Según la Supercom, 123 personas trabajan en las 38 coordinaciones, intendencias generales, intendencias nacionales y direcciones, además de seis intendencias regionales, que la conforman. Las regionales cuentan con seis direcciones y tres unidades.
Cerca de que se cumpla un año de vigencia de la Ley de Comunicación, la estructura institucional de esta entidad está por completarse. Solo falta nombrar un intendente zonal.
Enrique Herrería, uno de los demandantes de la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, cree que más de 100 empleados es un grupo muy numeroso porque las responsabilidades de este organismo no son indispensables para el funcionamiento del Estado.
“Estos organismos violan el precepto constitucional que garantiza una comunicación libre. La tarea de estos funcionarios es impedir que los ecuatorianos recibamos información libre y, en ese intento, cada día engrosan más los empleados de esas instituciones”, dijo.
A pesar de la cantidad de gente que trabaja en la Supercom, una empresa privada se encarga de la elaboración de los tres informes diarios que requiere la entidad para controlar espacios informativos y de opinión.
El contrato por USD 77 000 está a cargo de la empresa Escopusa, que monitorea los medios de las cuatro ciudades arriba descritas,las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Además, presenta informes mensuales con respaldo digital de la información recopilada y almacena esta base de datos.
Los archivos de ese proceso están en el portal de Compras Públicas. Allí se muestran dos contratos más para el monitoreo y control de los medios. Según los archivos del proceso, las contrataciones se justifican por la necesidad de la entidad de tener información diaria.
La publicidad, propaganda y música están en un proceso aparte. Por USD 122 400, la empresa Infomedia monitorea a toda hora 14 canales nacionales, tres canales de TV por suscripción, 39 radios guayaquileñas, 30 radios de Quito, 18 periódicos y 19 revistas.
“La Supercom, entidad de control de reciente creación, no cuenta con los instrumentos tecnológicos ni la infraestructura para enfrentar toda las tareas y acciones derivadas de sus objetivos (…); por ello, la decisión de ir a la búsqueda de una empresa”, señala el pliego de esa contratación.
Los reportes se envían por correo electrónico diariamente y además prepara un informe mensual, que debe tener como respaldo las grabaciones de las radios y las estaciones de TV.
Aparte del monitoreo 24/7, el control de la Superintendencia incluye el estudio del cumplimiento de la Ley de Comunicación.
Una muestra de medios de comunicación es objeto de este análisis, sin embargo el contrato no estipula qué medios se examina. El adjudicatario es Rommel Jurado, asistente de la comisión que elaboró la Ley de Comunicación.
La situación del Cordicom
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) es el otro ente creado con la Ley de Comunicación. Este tiene una estructura centralizada en Quito, donde se concentran todas sus dependencias.
Según información del mismo Consejo, el presupuesto asignado por el Gobierno para este año suma más de USD 6 millones, y el rubro más importante es el de personal. 102 personas trabajan en las 19 coordinaciones y direcciones que tiene el Consejo.
Desde enero, cada mes se ha contratado al menos a 10 personas más, para las subdivisiones del Cordicom. Ahora, a un año de estar en vigencia la Ley de Comunicación, el presidente del Consejo, Patricio Barriga, considera que la estructura institucional ya está completa.
“Tenemos el presupuesto y el número adecuado de funcionarios para poder ejercer cabalmente su trabajo”, dijo.
En cuanto a las tareas que le encomienda la Ley de Comunicación, estas áreas incluyen el contacto ciudadano, la evaluación de proyectos comunicacionales, de contenidos y la regulación desde las direcciones.
A diferencia de la Supercom, que tiene sus representaciones en diferentes provincias, el Consejo funciona solo en la capital. Los consejeros viajan a diferentes zonas para realizar sesiones del Pleno.