19 de septiembre de 2018 00:00

Ecuador confía su defensa a 15 estudios jurídicos internacionales

Íñigo Salvador, actual procurador del Estado, evaluará uno a uno a los bufetes. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Íñigo Salvador, actual procurador del Estado, evaluará uno a uno a los bufetes. Foto: Archivo Eduardo Terán / EL COMERCIO.

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Mayra Pacheco
Redactora (I)mpacheco@elcomercio.com

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La defensa de Ecuador en procesos legales que se tramitan en cortes internacionales se realiza con la asistencia de 15 estudios jurídicos. Estos tienen como sede países europeos y americanos.

En información remitida por la Procuraduría General del Estado (PGE) a este Diario consta que estos bufetes tienen como sede Francia, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Suiza y otros. La mayoría se encuentra en los dos primeros países.

En total, estos estudios llevan 31 casos. Entre ellos constan las demandas interpuestas en contra del Estado por Perenco, Chevron, Merck Sharp & Dohme, Gente Oil, OCP y otras controversias que aún se encuentran en trámite en cortes internacionales.

Según el informe de gestión de la Procuraduría abril 2008-enero 2018, los procedimientos de contratación de los abogados externos se realizaron bajo la modalidad de concurso. Según ese documento, se privilegió la experiencia técnica para que “Ecuador cuente con los servicios de las firmas jurídicas mejor posicionadas a escala mundial”.

Ecuador confía su defensa a 15 estudios internacionales


Pero debido a los “altos” costos de los honorarios de los abogados de estos estudios, Íñigo Salvador, actual procurador del Estado, evaluará uno a uno a los bufetes.

El propósito es renegociar los contratos vigentes, por la actual situación económica del país. “La forma como se paga a los abogados internacionales ha sido por demás liberal, poco sujeta a controles”, precisó el funcionario.

Solo en el caso Chevron 3 el Estado ha destinado USD 71 millones para honorarios, peritajes y gastos arbitrales. Este monto representa más del doble del presupuesto asignado este año para la Procuraduría (USD 30,8 millones). Actualmente, la defensa en este caso está a cargo de los estudios Winston & Strawn y Dechert.

Desde que la compañía petrolera Encana planteó el primer arbitraje contra Ecuador en el 2005, hasta septiembre del 2018 el Estado ha cancelado USD 318,8 millones en 77 casos. Esto incluye honorarios de abogados, gastos arbitrales y peritajes, informó la Procuraduría.

Para Ernesto Albán, especialista en arbitraje, la renegociación planteada por el actual Procurador es oportuna, porque las condiciones económicas del país son diferentes.

Por esto, el experto consideró que los estudios jurídicos deberían reducir sus honorarios o proponer un esquema diferente para el pago.

María Rosa Fabara, también especialista en arbitraje, agregó que aparte de revisar los honorarios, el Estado debería acordar con estos estudios para que en los procesos se cuente con un apoyo local para que se pueda transmitir esa experiencia al país.

A la par de esta renegociación, que demandará reunirse con cada uno de los estudios jurídicos, la Procuraduría evaluará el sistema que se emplea desde hace una década para la contratación de los estudios jurídicos internacionales y para la administración de los contratos. Estas acciones se tomarán debido a ciertas inconsistencias que ha identificado Salvador, desde que fue posicionado el 31 de julio del 2018.

Entre estas falencias está que el equipo de la Procuraduría no tiene una participación activa en la defensa del Estado y que, en ciertos casos, se contrataron despachos jurídicos en los que el jefe de los abogados no habla español pese a que la firma que plantea la demanda y Ecuador son hispanohablantes.

El objetivo de estas acciones no es reemplazar a los estudios jurídicos internacionales, pero -según Salvador- es necesario que la Procuraduría desarrolle su capacidad propia para encargarse de la defensa de estos casos y así optimizar costos. “Mucho más barato es llevar los casos desde el Ecuador con asistencia de un estudio jurídico especializado, que conoce cómo se litiga en los distintos foros extranjeros”.

El organismo tiene previsto contratar una auditoría de procesos que revise “qué tan bien han realizado la defensa de Ecuador los estudios jurídicos” y cómo se han aprovechado los recursos de esta entidad.

Otro insumo que se empleará para conocer estos detalles serán los resultados del examen especial que realiza la Contraloría General del Estado a la gestión de la administración anterior de la Procuraduría General del Estado, entre 2014 y 2018.

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