6 de enero de 2021 00:00

La investigación de violencia psicológica tiene pocos avances

Leydi presentó una denuncia en la Fiscalía de Manabí, pero dice que no hay avances. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Leydi presentó una denuncia en la Fiscalía de Manabí, pero dice que no hay avances. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero

La ventanilla virtual se habilitó el 30 de marzo, apenas estallara la pandemia por el coronavirus. Para entonces, la Fiscalía aseguró que este nuevo canal ayudaría a denunciar las agresiones que se cometan dentro de casa en medio del confinamiento. Nueve meses después se sabe que entre ese mes y diciembre, las oficinas judiciales recibieron 23 061 quejas por violencia psicológica (en todo el año fueron 28 121).

De esa cantidad, el 97% de causas continúa en la primera fase de la investigación. El resto se archivó o se encuentra en otras fases del trámite penal.

En uno de esos expedientes consta el nombre de Gabriela, una joven que fue agredida psicológicamente por su esposo en medio de la emergencia desatada por el covid-19. Ella recordó que los constantes gritos e insultos comenzaron en abril cuando perdió su trabajo como contadora. Así pasó durante dos meses. Ayer 5 de enero del 2021, la mujer dijo que lo denunció en junio luego de que la amenazara de muerte con un cuchillo.

“El proceso judicial ha sido lento”, sostuvo. Cuatro meses después de presentar la queja, la Fiscalía llamó a ella y al agresor para realizarles una pericia. A la chica le practicaron una evaluación psicológica y a él le midieron el nivel de agresividad. Gabriela aseguró que desde entonces no hay más avances y que la causa sigue en indagación previa.

Una joven, de 26 años, que pidió que solo la llamen Doménica, recordó que en mayo denunció a su exnovio, porque dice recibir amenazas e insultos desde junio del 2019.

“Me decía que no sirvo para nada. O comparaba mi aspecto físico con otras mujeres”.

El día en que presentó la queja, su expareja publicó en redes sociales fotos íntimas de la joven, acompañadas de mensajes obscenos. Ayer 5 de enero del 2021 también recibió textos en su red social con amenazas para que retire la acusación formalizada.

Doménica indicó que pese a la denuncia y a las intimidaciones no hay avances en las pesquisas. “Solo quiero que se haga justicia y que él deje de hostigarme”. Aseguró que acude cada mes a la Fiscalía de Quito para monitorear el caso, pero que le dicen que por la alta demanda que tienen no han podido revisar los documentos.

¿Por qué las investigaciones avanzan lento? Según fiscales de género, hay varias razones. Una es que no hay suficientes psicólogos acreditados en la Fiscalía. Según la entidad, 65 trabajan en todo el país y se requiere el doble para cubrir toda la carga laboral existente.

Para avanzar en los procesos se requiere que ellos analicen el grado de afectación de la persona agredida y luego remitan un informe al agente.
Actualmente, las víctimas tienen que esperar hasta cuatro meses para ser atendidas.

Por ejemplo, el 5 de octubre pasado, Leidy llegó a la Fiscalía de Manabí y denunció a su pareja por los “constantes gritos y humillaciones” a los que la sometió por dos años.

Según la chica, hasta hoy la Fiscalía no le ha practicado el examen psicológico y tampoco le ha notificado la realización de otras diligencias.
La mujer contó que trabaja todos los días en una tienda y que no tiene tiempo para darle seguimiento al caso.

Annabel Arévalo, representante del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), dijo que otra de las razones que retrasa el trabajo es que los fiscales dan prioridad a los casos de delitos sexuales, femicidios o violencia física.

Pero el número de denuncias de agresiones psicológicas es más alto que esta última.

En medio de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre los obstáculos que enfrentan las personas para que las causas judiciales de este tipo tengan un avance importante.

Allí se menciona que en los países de América Latina, entre ellos Ecuador, “se observa que la gran mayoría de casos se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación a los DD.HH.”.

En las oficinas judiciales consta el caso de Carmen. Las amenazas comenzaron en enero pasado cuando terminó con su pareja. “Desde entonces me llama o me envía mensajes para decirme que me arrepentiré siempre por haberlo dejado”.

En junio, una amiga le ayudó a poner la denuncia, a través de la página web de la Fiscalía. Ella aseguró que solo le llamaron para tomarle la versión.

Ayer envió el cuarto oficio para pedir agilidad y espera que los agentes respondan.

La mayoría de casos de violencia psicológica recaen en Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Tungurahua.

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