10 de diciembre de 2019 00:00

Informe sobre el paro dividió a Comisión

Los integrantes de la Comisión Multipartidista se reunieron ayer para el debate. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Los integrantes de la Comisión Multipartidista que investiga los hechos relacionados con las manifestaciones de octubre temen que su trabajo termine en un “informe tibio”.

El jueves 12 de diciembre del 2019 termina el plazo que les dio el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para esta tarea. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, todavía no había consensos sobre sus conclusiones y recomendaciones.

Los desacuerdos giraban en relación a por lo menos tres temas. En primer lugar, a si hubo o no un intento de golpe de Estado. A establecer responsabilidades de los hechos violentos que se dieron durante el paro, en segundo orden. Y, por otro lado, al rol que cumplieron la Policía y las Fuerzas Armadas.

Por la mañana, en la sesión de ayer, en la Comisión se evidenciaron dos grupos. Uno compuesto por el presidente de la Comisión, Fernando Burbano (Badi), Héctor Yépez (Creo) y Doris Soliz, de la Revolución Ciudadana (RC).

Ellos plantearon que el informe deje en manos de la justicia el establecimiento de responsabilidades sobre los hechos de violencia que se suscitaron durante el paro, entre el 3 y 13 de octubre pasado.

“Que se investiguen los actos de vandalismo sin insinuaciones hacia ningún sector”, insistió Soliz, del correísmo.

Además, tanto Burbano como Yépez remarcaron que la Comisión no logró contar con los elementos para catalogar a lo ocurrido como un intento de golpe de Estado.

Pero los reparos vinieron del segundo grupo compuesto por Carlos Vera y Rosa Orellana, del oficialismo, y César Rohón, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC).

Rohón enfatizó que detrás de los hechos de vandalismo “fue evidente la preparación para algo más grande. Y eso se llama como mínimo desestabilización contra el Estado”.

Apuntó que la Comisión cuenta hasta el momento con un borrador, al que calificó como “bastante general, tibio, que no establece ningún tipo de responsabilidades”.

Mientras que Orellana recordó que durante las comparecencias, los dirigentes indígenas argumentaron que en las manifestaciones hubo infiltrados, pero no contribuyeron a identificarlos.

“Si dejáramos pasar este tipo de situaciones, cada vez que haya una protesta o cada vez que haya una manifestación, los hechos vandálicos estuvieran justificados”, apuntó el asambleísta Vera.

En relación al uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, Rohón y los oficialistas señalaron que estas instituciones actuaron con mesura, y pidieron que en el informe se respalde su trabajo para el restablecimiento del orden público y que se reconozca su actitud de respeto al orden constituido.

Cada uno de los siete integrantes de la Comisión presentó ayer sus observaciones. En la reunión no estuvo el vicepresidente de la mesa, Jaime Olivo, de Pachakutik, brazo político de la Conaie.

Por su parte, la asambleísta Soliz llegó, además, con una propuesta para que dentro de las recomendaciones se incluyera la posibilidad de plantear una amnistía para quienes están detenidos tras las protestas.

Rohón replicó que “no es prudente” ese planteamiento y pidió esperar que las investigaciones por parte de la justicia sigan su curso. Sin embargo, Yépez mencionó que “no se ha aportado ningún elemento” que justifique el encarcelamiento.

Soliz también pidió que dentro del documento se incorpore a la resolución con la que, el 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, su excolaborador Christian González, y el exasambleísta Virgilio Hernández. El tema quedó en debate.

Los comisionados coincidieron en que la violencia fue de lado y lado. Hablaron de la necesidad de exigir al Estado garantizar la reparación integral a los familiares de las personas fallecidas, así como a las víctimas de lesiones permanentes y no permanentes, de detenciones arbitrarias y de daños económicos y materiales durante las protestas.

El asambleísta Burbano esperaba que la mesa parlamentaria aprobara entre la noche de ayer y hoy un informe para remitirlo al Pleno.

El presidente de la Asamblea, el oficialista, César Litardo, prevé convocar a una reunión de la Legislatura la próxima semana para conocer este documento.

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