Ecuador impulsa instrumento para regular a las transnacionales en Ginebra

La canciller María Fernanda Espinosa propuso, este 23 de octubre del 2017, un instrumento legal internacional y vinculante para que regule la actividad de las transnacionales en relación a los derechos humanos. Foto: Twitter Cancillería

La canciller María Fernanda Espinosa propuso, este 23 de octubre del 2017, un instrumento legal internacional y vinculante para que regule la actividad de las transnacionales en relación a los derechos humanos. Foto: Twitter Cancillería

La canciller María Fernanda Espinosa propuso, este 23 de octubre del 2017, un instrumento legal internacional y vinculante para que regule la actividad de las transnacionales en relación a los derechos humanos. Foto: Twitter Cancillería

El Gobierno ecuatoriano participó este lunes 23 de octubre del 2017, en la tercera sesión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para la creación de un instrumento legal internacional y vinculante para que regule la actividad de las transnacionales en relación a los derechos humanos.

Durante la inauguración de la cita, la canciller María Fernanda Espinosa señaló que “es urgente que la comunidad internacional tome acciones”, para prevenir los impactos negativos sobre los derechos humanos, que puede causar el “gran poder” que las empresas transnacionales han acumulado por la globalización.

El Grupo intergubernamental es presidido por Ecuador. La sesión continúa en Ginebra (Suiza), bajo la guía del embajador ecuatoriano Guillaume Long. Este tema se trata en cumplimiento de la resolución 26/9 de la ONU, suscrita el 26 de junio de 2014.

Este es un planteamiento impulsado por Ecuador, junto con Sudáfrica. Espinosa lo calificó como un hito y “un cambio de paradigma en el sistema multilateral de los derechos humanos”.

“El proceso del instrumento vinculante constituye una ocasión inigualable para llenar el vacío jurídico existente en la materia”, según la Canciller, ya que hasta la fecha, internacionalmente, solo hay reglas voluntarias que “no han resuelto ni remediado casos concretos de violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas, permitiendo de esa manera que esos abusos hayan quedado en la impunidad”.

La propuesta ecuatoriana ha generado interés en otros países y organizaciones sociales. Sin embargo, también hubo opiniones negativas, aunque minoritarias, durante la sesión. Algunas de ellas sobre la falta de claridad en el texto planteado y sobre lo delicado de general un instrumento internacional vinculante para las empresas transnacionales.

Espinosa indicó que “la falta de la debida diligencia de la acción corporativa puede afectar los derechos humanos, los derechos laborales y el ambiente de los pueblos del mundo”.

Al respecto recordó casos como las más de 1 100 muertes de trabajadores —la mayoría mujeres— por el desplome del centro comercial de Rana Plaza en Bangladesh en 2013; la contaminación del delta del río Níger en 2009 por la petrolera Shell o los vertidos de crudo sufridos por la selva amazónica ecuatoriana durante casi 30 años, hasta 1992, por la acción de la compañía Chevron-Texaco.

Suplementos digitales