Unidad de Investigación
En esta historia no hay ángeles ni demonios. Ni Irán es el diablo, ni los funcionarios ecuatorianos tienen aureola de santidad.
Más allá de las lecturas ideológicas y políticas, la inclusión del Ecuador en la lista de países de alto riego para el sistema financiero internacional tuvo un detonante técnico que se activó en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), realizada en Buenos Aires, entre y el 1 y 4 de diciembre pasados.
En representación del Ecuador acudieron a la cita cinco funcionarios: el procurador Diego García; Daniela Solano, directora de Prevención, y Henry Mendoza, director de Análisis, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); el teniente coronel Freddy Ramos, de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, y Cristian Murgueytio, director nacional de Estudios de la Superintendencia de Bancos.
El objetivo del encuentro era que las autoridades presenten sus informes sobre el seguimiento de las evaluaciones mutuas realizadas a sus miembros, ante el pleno del Gafisud. Esta organización agrupa a diez países de la región, y se encarga de controlar el lavado y el financiamiento del terrorismo, en concordancia con los lineamientos de la ONU.
La examinación de Ecuador se realizó en septiembre de 2006. Participaron expertos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, y dos observadores de España y Alemania. El grupo se reunió con autoridades nacionales y estudió el marco institucional, las leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
Luego, los técnicos elaboraron un informe detallado de 139 páginas, que concluyó que Ecuador no cumplía o acataba escasamente 48 de las 49 recomendaciones del Gafisud. 40 de las sugerencias se relacionan con los sistemas legales, medidas de prevención financieras, las transacciones inusuales, sanciones, controles internos… del lavado de dinero. Y las nueve restantes son sobre la aplicación de leyes contra el financiamiento del terrorismo (inexistentes en el país). Ecuador solo cumplía satisfactoriamente con una: la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La sanción en Argentina
En Buenos Aires, las autoridades ecuatorianas debían presentar el Informe del Cuarto Avance sobre el cumplimiento de las recomendaciones, a lo cual se habían comprometido en julio de 2009 en Uruguay. Pero en la reunión del jueves 3 de diciembre, la Secretaría Ejecutiva del Gafisud informó al pleno que Ecuador no había presentado el Informe de Avance, por lo que el organismo técnico solo pudo elaborar un reporte parcial, con los datos enviados previamente por los funcionarios ecuatorianos.
El representante de Uruguay, quien en la reunión de la Comisión de Gestión mocionó que se descartara una sanción para Ecuador, sorprendentemente cambió de parecer y solicitó la sanción en primer grado para el país, lo que implicaba perder el derecho a ser electo a algún cargo, integrar delegaciones, recibir apoyo financiero y ser sede de eventos. Entonces, el Gafisud anunció que coordinaría una visita de la Secretaría a las autoridades ecuatorianas, durante el primer trimestre de 2010.
Mientras, los ecuatorianos ratificaron el compromiso de seguir trabajando en las recomendaciones. Después de dos semanas enviaron el informe de avance completo. El 10 de diciembre, los representantes del Consejo Nacional de Lavado conocieron la sanción impuesta en Buenos Aires y cuestionaron la actuación de la misión.
Preocupado por lo ocurrido, en enero el director de la UIF, Víctor Hugo Briones, envió una comunicación al presidente de Gafisud, Felipe Tam Fox. Le solicitó que se recojan las opiniones de diferentes coordinadores nacionales que avalaban los avances del control antilavado, para que se levante la sanción al Ecuador.
Tam Fox contestó la solicitud el 1 de febrero, desde Lima. “Debo expresarle que, luego de la coordinación efectuada por la Secretaría Técnica con los coordinadores nacionales, se ha determinado que no es posible acoger la solicitud, en razón a que el levantamiento de la sanción es una potestad que solo corresponde al Pleno de Representantes”, indica el documento que llegó a la UIF una semana después.
Aunque en la misiva el titular del Gafisud reconoció los esfuerzos de la UIF, en su parte medular puntualizó: “La sanción no obedeció exclusivamente a la no presentación del informe en tiempo oportuno, sino que se aplicó en cumplimiento del Proceso de Seguimiento a los informes de Evaluación Mutua de Gafisud, pues no se han constatado avances sustanciales de Ecuador en el cumplimiento de las Recomendaciones. Fundamentalmente, a las deficiencias del tipo penal del lavado de activos y la falta de tipificación del financiamiento del terrorismo”.
Pero lo peor aún estaba por venir. El 3 de febrero, el Nuevo Herald, de Miami, y la agencia alemana de noticias Deutche Welle publicaron sendos reportajes denunciando que Ecuador se había convertido en el nuevo centro de operaciones del crimen organizado. Los artículos se basaban, a su vez, en el informe del International Assesment and Strategy Center (IASC), de Washington. Entre las principales conclusiones se destacaba “el cada vez más activo papel de Ecuador como lavandería de dinero, y el funcionamiento con permiso oficial de bancos de Irán”. Además, denunció el aumento de las actividades del narcotráfico y las FARC y su capacidad de infiltración en el Estado.
La presión del G-20
El reporte de la Deutsche Welle tenía además un dato premonitorio: informaba que Ecuador, al no cumplir con el control del lavado y el terrorismo podría ser incluido en la lista de países considerados de alto riesgo financiero internacional. Eso se concretaría en la cita en Abu Dabi del GAFI, al cual se reporta Gafisud.
Estos elementos agravaron el escenario para Ecuador, que desde 2008 ya estaba en la mira de Washington. Sobre todo, por los acuerdos firmados con bancos iraníes, sancionados por la ONU y el Departamento del Tesoro de EE.UU., por el financiamiento a grupos terroristas.
Luego de la respuesta negativa del titular del Gafisud, el 11 y el 16 de febrero, el procurador Diego García envió dos cartas al Presidente del GAFI, resaltando los avances que existen en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, en comparación con las legislaciones de otras naciones y asegurando que el terrorismo sí estaba tipificado como delito.
No obstante, sus esfuerzos fueron infructuosos. La presión internacional canalizada por el G-20 (grupo de 20 potencias industriales y economías emergentes), con el voto de Brasil, Argentina y México, aceleró una sanción más severa contra el país. El 18 de febrero, el GAFI, reunido en los Emiratos Árabes Unidos, puso a Ecuador en la lista de naciones no cooperantes con la lucha antilavado y antiterrorista, junto con Irán, Angola, Corea del Norte…
La decisión cayó como una bomba y desató una enérgica respuesta del Gobierno. El mandatario Rafael Correa dijo que la sanción era una retaliación por los convenios con Irán. “Cómo es posible que por restablecer relaciones con Irán se nos ponga en una lista, se nos diga que somos sospechosos de lavado de activos y financistas del terrorismo. Quién puede aceptar esa mentira, no somos colonia de nadie”, subrayó el Jefe de Estado, quien obtuvo la solidaridad de los presidentes latinoamericanos en la Cumbre del Grupo de Río.
Sin mencionar siquiera el fiasco de Buenos Aires, el procurador García aseguró que Ecuador sí presenta avances significativos que no han sido tomados en cuenta por el GAFI, por lo cual la sanción era un golpe inaceptable a los esfuerzos realizados por nuestro país en la lucha contra el lavado y el terrorismo.
La noche del 21 de febrero el representante argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, le escribió un mail al Procurador ecuatoriano. En el documento Strega enfatiza que “de ninguna manera hemos apoyado o promovido una sanción contra Ecuador”.
La única razón por la que quedaron en ese listado -dice Strega- es porque aun cuando revisaron en dos oportunidades la información y establecieron un plan de acción para superar las debilidades que ustedes mismo habían reconocido, no enviaron un compromiso del Estado para cumplir con el plan de acción.
Por pedido del Gobierno ecuatoriano, Argentina removió a Strega de la representación ante el GAFI (ver nota compartida). Pero los mandatarios de Brasil y México se limitaron a expresar su solidaridad. Sus representantes técnicos no se han retractado ni sufrieron la misma suerte que su colega argentino.