Según Boris Martínez, presidente de la Junta de La Isla, solo reciben obras de Chimborazo. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.
La Junta Cívica de La Isla 87 realiza hoy, 28 de agosto del 2014, una encuesta en los 11 recintos de la zona. El objetivo, desde ayer, es conocer el pronunciamiento ante una eventual consulta popular.
Ese será el camino en caso de que las autoridades de Marcelino Maridueña (Guayas) y Cumandá (Chimborazo) no solucionen un diferendo limítrofe que involucran 65 km2.
“En el 2011 se hizo una preconsulta y el 95,8% de islenses manifestó su deseo de seguir perteneciendo a Cumandá, que es de donde recibimos las obras, pagamos nuestros predios. Guayas no ha puesto ni una piedra”, dice Boris Martínez, presidente de la Junta.
Al recinto se llega tras 15 kilómetros de viaje desde el cantón Cumandá, un punto que divide a Guayas entre El Triunfo y Bucay. “El agua y la luz vienen de Cumandá. Hacia allá el camino está mejor que a San Carlos”, dice Eutano Gualacio, cuyo hijo, dirigente del recinto, murió hace poco electrocutado al hacer una obra para el lugar.
Para Guayas y el resto de jurisdicciones del país corre el tiempo en contra para definir los litigios limítrofes, internos o con otras provincias.
La Ley para la fijación de límites territoriales internos, vigente desde el 16 de abril del 2013, establece dos años para la solución de los conflictos. Caso contrario a las autoridades se les revocará el mandato.
Según el Comité Nacional de Límites Internos (Conali), en el país hay 768 conflictos territoriales. Solo ocho provincias no tienen líos: Carchi, Pastaza, Zamora Chinchipe, Napo, Morona Santiago, El Oro, Santa Elena y Galápagos.
En Guayas están identificados 14 problemas limítrofes provinciales que suman 1 491 km2 en pugna y que son pretendidos por seis provincias vecinas: Azuay, Bolívar, Cañar, Los Ríos, Manabí y Chimborazo.
Si bien el tema de una consulta está latente en la población de La Isla, el Conali ya tiene definidos cuatro límites interprovinciales, entre ellos ese recinto que abarca La Isla.
Los otros son La Mesada entre Colimes (Guayas) y Paján (Manabí); Shumiral, entre Guayaquil y Ponce Enríquez (Azuay); y Limoncito, Guayaquil y Chanduy (Santa Elena).
El prefecto Jimmy Jairala atribuye estos problemas, “que tienen otras provincias con Guayas”, a la fiebre de cantonizaciones en el país.
Uno de los 14 puntos en conflicto es la parroquia Abdón Calderón. Siempre constó como parte de Balao, pero una parte de su población –de origen azuayo quienes migraron a esa zona de la región Costa- apoya anexarse a la parroquia Molleturo del cantón Cuenca.
El sitio refleja la pugna entre ambas provincias. Hay dos escuelas y dos Unidades de Policía construidas por Guayas y Azuay. Los letreros de bienvenida de ambas están separados por 40 metros.
Hay misas para ‘azuayos’ y ‘guayasenses’ con sacerdotes de dos jurisdicciones. “Cuando los del Guayas vienen a hacer obras, quienes respaldan a Azuay no los dejan trabajar. Me siento guayasense porque en Balao pago mis impuestos, allí voto y me queda mucho más cerca que Molleturo”, dice Gianina Bravo.
Pero doña Rossy, una cuencana, dice que “los de Balao quieren llevarse la junta de agua. La salud y la educación viene de Azuay. Son siete familias las que quieren ser del Guayas”.
En otro punto, José Guanuche llegó de Cuenca a La Esperanza Alta hace 45 años. “Siempre estas tierras han sido de Bucay donde las tenemos inscritas, donde pagamos impuestos. Chillanes (Bolívar) nos queda a dos horas y Bucay apenas a 20 minutos”.
Un letrero de la Prefectura del Guayas anuncia la rehabilitación de la vía en el límite provincial. “De Bolívar no hemos visto obras”, acota Guanuche.
Guayas, además de las disputas provinciales, reporta 52 conflictos entre sus cantones.