14 de octubre de 2018 00:00

Desaparecidos: faltan fiscales especializados

Celia Dután muestra el retrato de su nieta Micaela Chapa, quien desapareció en Turi, en Cuenca, hace seis años. Es buscada por los familiares en el país. La niña tendría ocho  Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.

Celia Dután muestra el retrato de su nieta Micaela Chapa, quien desapareció en Turi, en Cuenca, hace seis años. Es buscada por los familiares en el país. La niña tendría ocho Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO.

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El viernes (12 de octubre del 2018) se cumplieron 15 días desde que José Antonio Pomasqui desapareció. Tiene 57 años. Su esposa Consuelo Peñafiel recuerda que él salió temprano de su casa en Ibarra y no ha retornado.

Lo que más le extraña es que Pomasqui le llamó por teléfono esa misma noche, para informarle que se quedaría en la casa de sus padres en Chaltura, cantón Antonio Ante, pero tampoco llegó a ese lugar.

El caso fue denunciado en la Fiscalía de Actos Administrativos de esa ciudad. En esa oficina se indagan las denuncias sobre personas desaparecidas. Pero no es la única labor que allí se realiza, afirma María José Ortiz, secretaria de la unidad. También indagan muertes que no tienen relación con delitos, se rastrea la legalidad de los vehículos, etc.

En Imbabura no hay fiscales especializados en desaparecidos. La Fiscalía reconoció ante la CIDH que solo Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay tienen personal exclusivo para esos casos.

Hace 11 días, el fiscal Wilson Toainga habló en la Comisión Interamericana de DD.HH. y aseguró que “en el resto de provincias, los casos de desaparecidos son atendidos por fiscales multicompetentes”.

Es decir, el agente que investiga desaparecidos también puede conocer casos relacionados con violencia de género, accidentes de tránsito, robo de teléfonos, entre otros.

En la Fiscalía de Ibarra hay tres expedientes abiertos sobre personas que no han vuelto a casa. Ortiz asegura que llegan más casos, pero no da cifras.

Desde 1970 hasta junio de este año se han presentado 47 394 denuncias en el país, según el Ministerio del Interior. La cifra de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos indica que son 42 953.

En Ambato, los familiares realizan plantones con frecuencia y exigen que se agiliten las investigaciones.

Esas manifestaciones son lideradas por los padres de Geovanna Constante, desaparecida en diciembre del 2010.

“Se van a cumplir en diciembre ocho años y no hay nada concreto. En todo este tiempo 16 fiscales han conocido el expediente y ninguno se ha centrado por completo en nuestro caso”, cuenta Mauro Constante, padre de Geovanna.

La han buscado en todo el país. Con ayuda de los agentes de la Dinased se efectuaron rastreos en quebradas, montañas, pero no hay resultados.
Constante dice que es necesario que Ambato tenga fiscales que atiendan exclusivamente las desapariciones, porque de lo contrario los investigadores tienen varios temas y “no se alcanzan”.

Lo fiscales en Tungurahua coinciden con la necesidad de abrir oficinas únicamente para este tema. Fernando Villegas, fiscal en esa provincia, dice que allí sí hay personal especializado según el delito.

“Tenemos un fiscal en la oficina de Servicio de Atención Integral (SAI) que conoce todos los casos de personas desaparecidas y está capacitado para investigar estos hechos”.

Las autoridades defienden el trabajo y dicen que, por ejemplo, se crearon fiscalías y una dirección policial. Además, se cita a la Alerta Emilia, para localizar a menores de edad y el plan de recompensas. Según las autoridades, el 97% de los casos denunciados se resuelven.

Cuenca sí tiene unidad especializada, aunque hay personas que aún buscan a sus parientes. “No es fácil describir la angustia y aceptar su ausencia”, dice entre lágrimas Carmen Tonato, de 32 años. Su hija Dayana Micaela Chapa Tonato desapareció el 11 de noviembre del 2012, sin dejar pista para las autoridades judiciales.

Era el mediodía y la pequeña, de 2 años y 8 meses, jugaba con otros niños afuera de la casa de los abuelos maternos.

Nadie se percató que ya no estaba. Allí comenzó la búsqueda y más tarde se unieron los vecinos. Rastrearon toda la comunidad, incluidas las laderas de las montañas cercanas a la vivienda sin encontrar ningún rastro de la menor.

Esa misma tarde, la familia puso la denuncia en la Fiscalía y la buscaron en todo el país. Pero desde entonces cuenta que los agentes de Fiscalía y de la Dinapen solo les responden: “estamos investigando”.

Los allegados dicen que el caso no está en la Unidad Especializada, sino en una Fiscalía Multicompetente y se investiga por rapto. La Unidad Especializada se creó en el 2016 y es la única en Azuay.

Desde ese año hasta el momento han receptado 1 301 denuncias a escala nacional. De estas, 1 276 personas fueron localizados y 25 siguen sin volver con sus familias.

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