Ministerio de Gobierno 'dará facilidades para dilucidar los pedidos que existan respecto de las actuaciones policiales'

Las inmediaciones del parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito, fueron escenario de incidentes entre efectivos de la Policía Nacional y las personas que se manifestaron en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL

Las inmediaciones del parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito, fueron escenario de incidentes entre efectivos de la Policía Nacional y las personas que se manifestaron en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL

Las inmediaciones del parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito, fueron escenario de incidentes entre efectivos de la Policía Nacional y las personas que se manifestaron en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno lamentaron las “consecuencias de los hechos violentos” registrados entre el 3 y el 13 de octubre del 2019 en diversas partes del país. En un boletín de prensa, la entidad señaló que hubo actos de violencia organizada. Esto, tras la firma del Decreto 883 que eliminaba el subsidio al diesel y la gasolinas extra y ecopaís.

El boletín, emitido el 31 de octubre del 2019, señala que es una respuesta a la rueda de prensa que, la víspera, dieron seis organizaciones en la que responsabilizaron a la Policía de haber ejercido violencia sobre manifestantes.

“Han sido públicos los actos de vandalismo y violencia organizada, que no solo pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos y la estabilidad democrática, sino que afectaron a la infraestructura del Estado y alteraron el orden público en forma inusitada”, señala el comunicado.

Ahí también se aclara que la Policía usó “procedimientos para contrarrestar estas alteraciones” que constan en protocolos enmarcados en derechos humanos y el uso progresivo de la fuerza. “Sin embargo, se darán todas las facilidades del caso, para dilucidar los pedidos o inquietudes que existan respecto de las actuaciones policiales”.

El miércoles anterior, 30 de octubre, las organizaciones Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, CDH e Idea Dignidad dieron una rueda de prensa en conjunto en la que denunciaron la muerte de al menos ocho personas. En los registros que manejan constan los nombres de Raúl Chilpe, Silvia Mera, Marco Oto, José Chaluiza, Inocencio Tucumbi, Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Angulo. A estos se sumó la muerte de Édgar Yucailla, que falleció el 29 de octubre. Días atrás, el 23 de octubre, la Defensoría del Pueblo contabilizó 10 muertos en el contexto de las manifestaciones.

Fernanda Poveda
, representante de esta alianza de organizaciones, señaló que “los organismos que deben realizar las investigaciones sobre la muerte de las personas deberá ser personal civil distinto a las fuerzas del orden”. En tres casos, señalan supuestas agresiones de personal policial.

Además, las organizaciones señalan que existieron cerca de 1 300 heridos que fueron llevados a diversas casas de salud. “Las heridas que tienen estas personas no son aleatorias, son en su cabeza y en órganos vitales. Evadir esta responsabilidad es errado”, añadió.

Para el Ministerio de Gobierno, es importante considerar la opinión de las instituciones del Estado responsables en evaluar y juzgar los hechos de manera técnica y objetiva “para no adelantar criterios que obedecen a visiones únicas de los sectores involucrados”.

En el comunicado, la Policía sostuvo que durante las protestas hubo un “sinnúmero” de eventos (no necesariamente vinculados a la protesta o movilización social)” que fueron atendidos por unidades de socorro y ayuda inmediata. “Es necesario particularizar cada uno de los hechos y establecer el contexto en que se suscitaron”, se establece en el boletín.

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