A 12 días de que se cumpla el plazo para que la Asamblea tramite el proyecto de Código Monetario y Financiero, el sector empresarial e industrial del país volvió a manifestar su preocupación sobre seis puntos del proyecto de Ley.
En un remitido de prensa publicado hoy 14 de julio del 2014 en varios diarios, el Comité Empresarial y el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción señalaron que la propuesta de reforma integral a la regulación del sistema financiero, de valores y de seguros “responde exclusivamente a la visión del sector público (según consta en los propios considerandos del proyecto) y no integra a todos los actores del sistema”.
Cuestionaron, además, el corto plazo que dispone la Asamblea para tratar el proyecto de 516 artículos remitido el pasado 25 de junio por el Ejecutivo, con el carácter de económico urgente.
La primera preocupación se refiere al cambio que plantea el proyecto de sistema de “orden público” por un servicio de orden público “de potestad del Estado”, lo cual, según el sector empresarial, genera un amplio margen de discrecionalidad a los reguladores.
La segunda observación se relaciona con las amplias atribuciones entregadas a la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
De acuerdo al sector empresarial, estas facultades “no guardan un balance con la inmunidad entregada a sus miembros, hecho que contraviene lo prescrito en los artículos 11, 233 y 309 de la Constitución sobre la responsabilidad de la actuación de los funcionarios públicos”.
No obstante, la Comisión de Régimen de lo Económico decidió incluir un cambio para que las autoridades sí respondan por sus actuaciones administrativas.
El manejo de temas técnicos como los recursos que administra el Banco Central (Depósitos del sector público no financiero y reservas bancarias), orientación del crédito, la emisión de moneda nacional y dinero electrónico sin precisar su alcance, entre otros, también preocupan al gremio.
En el cuarto punto se señala: “La regulación al Sistema Financiero alejándose de las realidades del mercado puede provocar distorsiones en la economía y, por tanto, generará señales negativas para el desarrollo del aparato productivo”.
El quinto punto se refiere “al control estatal de las inversiones del IESS”.
Finalmente, señalan que el sector mira con preocupación regulación a las operaciones de crédito que realicen las empresas no financieras (es decir, del sector productivo) en cuanto a que la Junta podría exigir parámetros de liquidez, de solvencia e incluso de endeudamiento del exterior.
Sobre esto último, según Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial, dijo que esto rebasa el ámbito del Código, pues no se trata de fondos públicos sino de fondos propios de las empresas.
Según el titular del gremio, el tema queda “tan abierto” en el Código que podría dar pie para controlar el endeudamiento de exportadores, importadores, etc.
“No es usual que en un marco regulatorio de carácter financiero se incluya un tema que uno pensaría ya es cuestión de gestión propia de las empresas ya que tiene que ver con temas de liquidez, solvencia y endeudamiento”, dijo Aspiazu.
Por ello, el gremio espera tener una reunión con el Ejecutivo a fin de conocer el alcance de la norma.
La Comisión de Régimen de lo Económico que tramita el proyecto espera hasta el sábado tener listo el informe para segundo debate.